50 diputados oficialistas exigen al presidente Boric reclasificar el cannabis y frenar criminalización de pacientes
Cincuenta diputados del oficialismo enviaron este viernes una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando su “intervención directa” para asegurar la correcta aplicación de la Ley N° 21.575, conocida como Ley Antinarco, y para reclasificar el cannabis en el Reglamento de la Ley 20.000.
La iniciativa fue liderada por los parlamentarios Ana María Gazmuri (AH) y Jorge Brito (FA) y busca poner fin a la persecución penal de pacientes y usuarios.
“A un mes de que termine el mandato del presidente Boric, los pacientes y usuarios de cannabis medicinal siguen siendo criminalizados, perseguidos, encarcelados y procesados", aseguró la diputada Gazmuri.
Lo anterior, debido a que la normativa "sigue sin aplicación por la falta de protocolos a las policías y a la Fiscalía, sostiene.
Según explicó el diputado Jorge Brito, “la ley es clara, todos la debemos respetar, 50 diputados y diputadas hemos enviado esta carta al presidente de la república para que la ley se respete y exista el cambio de lista con el cannabis. Y así el presidente Boric dé cumplimiento a su compromiso de terminar con la criminalización de los usuarios de cannabis en Chile.”
En la misiva, los legisladores advierten que la situación actual genera “incerteza jurídica, aplicación desigual de la ley y un uso ineficiente de los recursos del Estado en materia de drogas y seguridad pública.”
¿Qué piden los diputados?
En primer lugar establecer protocolos claros y obligatorios entre las policías y el Ministerio Público, destinados a garantizar el autocultivo medicinal sin detenciones ni procesos penales improcedentes.
En segundo lugar, los diputados piden la reclasificación del cannabis dentro del reglamento de la Ley 20.000, trasladándolo “desde la lista del artículo 1° a la lista del artículo 2° del Decreto Supremo N° 867.”
Según explican, “la mantención del cannabis en la lista del artículo 1° constituye una incoherencia normativa que facilita interpretaciones penales que son corregidas por la Corte Suprema y ha vuelto inaplicable la ley en numerosos procedimientos.”
