La denominada megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast acaba de superar su primer gran examen en el Senado, pero el debate sobre su contenido recién comienza. Aunque el proyecto fue aprobado en general por un estrecho margen, los próximos días serán decisivos para definir si mantiene su diseño original o sí incorpora cambios relevantes tras las críticas que ha despertado desde la oposición, organizaciones sociales y parte del mundo académico.
Presentada oficialmente como el Proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, la iniciativa reúne en un solo texto modificaciones tributarias, medidas para impulsar la inversión, cambios regulatorios y normas destinadas a apoyar la reconstrucción de las regiones afectadas por los incendios.
Precisamente esa amplitud ha sido uno de los principales cuestionamientos. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de un plan para acelerar el crecimiento económico, recuperar el empleo y facilitar la inversión, sus detractores advierten que incorpora reformas estructurales que van mucho más allá de la reconstrucción y que podrían reducir la recaudación fiscal en beneficio de las grandes empresas.
¿Qué propone la megarreforma?
El proyecto contempla cerca de 40 medidas que modifican distintos ámbitos de la legislación económica y tributaria.
Entre sus principales cambios están:
- La rebaja del impuesto de primera categoría desde el 27% al 23%.
- La integración del sistema tributario.
- Beneficios para la repatriación de capitales.
- Incentivos tributarios para la inversión privada.
- Cambios a los permisos ambientales y administrativos.
- Incentivos al empleo.
- Medidas de reconstrucción para las regiones afectadas por los incendios.
- Cambios en beneficios habitacionales y otras normas económicas.
Para el Gobierno, estas medidas permitirán dinamizar la economía y recuperar el crecimiento. Sin embargo, durante la discusión parlamentaria distintos senadores de oposición cuestionaron que la disminución de impuestos pueda traducirse en menores ingresos para el Estado y afectar el financiamiento de políticas públicas, además de advertir que varias materias fueron agrupadas en un mismo proyecto pese a tratar temas distintos.
¿En qué etapa está la tramitación?
Actualmente el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, y hay plazo hasta el 6 de julio para incluir indicaciones antes de que se vote nuevamente en sala, como ocurrió el pasado 24 de junio.
En esa ocasión el Senado aprobó la idea de legislar por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, autorizando así que la iniciativa continuara su tramitación para revisar en detalle cada uno de sus artículos.
Despúes de esa votación pasó a la discusión en particular en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y finalmente a la de Hacienda, en la que se encuentra ahora. En estos espacios tanto el Ejecutivo como los parlamentarios han presentado indicaciones para modificar su contenido.
Se espera en definitiva que el texto volverá a la Sala del Senado a comienzos de la próxima semana para votar cada una de sus disposiciones. Si existen diferencias con el proyecto despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados, deberá continuar su tramitación entre ambas corporaciones e incluso podría terminar en una Comisión Mixta.
¿Por qué la discusión que viene será la más importante?
La aprobación en general suele ser solo el primer paso de un proyecto de esta magnitud. La discusión en particular es la instancia donde pueden cambiar los aspectos más sensibles de la iniciativa.
En este caso, ahí se debatirán materias como la rebaja de impuestos, los cambios al sistema tributario, las normas para agilizar permisos ambientales y los incentivos a la inversión, que concentran buena parte de las diferencias entre oficialismo y oposición.
También será el momento en que el Gobierno deberá negociar para mantener los apoyos que le permitieron superar la primera votación.
Un Senado dividido y una mayoría al límite
La aprobación por solo tres votos de diferencia dejó en evidencia que el Ejecutivo no cuenta con un margen amplio en el Senado.
Por eso, además del debate técnico sobre el contenido de la reforma, el escenario político también será determinante. Diversos analistas han advertido que cualquier cambio en la composición o correlación de fuerzas de la Cámara Alta podría influir en una tramitación donde cada voto será relevante.
En ese contexto, la situación que enfrentan los senadores Miguel Ángel Calisto y Camila Flores ha sido observada con atención por distintos sectores políticos. Si bien sus casos son independientes del proyecto, una eventual modificación en la integración del Senado podría alterar el equilibrio de fuerzas en una iniciativa cuya aprobación dependerá nuevamente de mayorías muy estrechas.
Con la presentación de indicaciones a pocos días de comenzar, julio aparece como un mes clave para una de las reformas más importantes del programa económico del Gobierno y una de las discusiones legislativas que marcarán el segundo semestre.
