Chile a oscuras: 2025 entre cortes masivos y apagones, cobros indebidos por US$200 millones y una crisis de confianza eléctrica
La tarde de este lunes 20 de octubre volvió a evidenciar la fragilidad del sistema eléctrico chileno.
Una falla en instalaciones de transmisión afectó a más de medio millón de usuarios en la Región Metropolitana, dejando sin luz a comunas como Puente Alto, La Florida, Macul, San Miguel, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia y El Bosque.
Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 368 mil clientes permanecieron sin suministro pasadas las 16:00 horas, siendo Puente Alto la comuna más afectada, con más de 157 mil hogares a oscuras.
Enel Distribución informó que el problema se debió a “una falla en transmisión, ajena a la empresa”, mientras CGE atribuyó el corte a “instalaciones de terceros” y aseguró estar coordinando la reposición con la compañía propietaria de la red.
El Coordinador Eléctrico Nacional precisó que la falla se originó a las 15:42 horas y afectó subestaciones clave como Florida, La Reina, Andes, Macul y Santa Elena, lo que provocó la pérdida de 600 MW de demanda.
El corte también tuvo consecuencias en el Metro de Santiago, que reportó retrasos en las Líneas 4 y 4A, además del cierre temporal de siete estaciones de la Línea 5.
Aunque el servicio se normalizó paulatinamente durante las horas posteriores, el episodio recordó el apagón masivo de febrero pasado y volvió a instalar el debate sobre la seguridad del sistema eléctrico y la falta de redundancia en la red de transmisión.
Este nuevo evento ocurrió el mismo día en que el gobierno confirmó un segundo error de cobro en las cuentas de la luz, sumando otro capítulo a un año marcado por fallas técnicas, sobreprecios y crisis de gestión.
De los cobros indebidos a las devoluciones millonarias
Horas antes del corte, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, reveló un nuevo error en el cálculo de las tarifas eléctricas.
En esta ocasión, la empresa transmisora Transelec —una de las más grandes del país— reconoció haber realizado cobros adicionales por una sobrevaloración de su capital, lo que impactó directamente en el precio final de la electricidad.
El hallazgo se suma al escándalo ocurrido semanas antes, cuando se descubrió que las generadoras habían aplicado dos veces el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el cálculo de las tarifas, provocando un cobro indebido a los consumidores estimado en más de 100 millones de dólares.
Según García, el nuevo error de Transelec equivale a un monto similar. “La empresa detectó esta sobrevaloración y se comprometió a devolver íntegramente los recursos, reduciendo las tarifas desde enero de 2026”, explicó.
La transmisora confirmó la información mediante un comunicado, señalando que el problema se debía a inconsistencias detectadas en su inventario de instalaciones bajo la Ley de Transmisión de 2016, y que el proceso tarifario implicaba una alta complejidad técnica.
“Actuamos con transparencia y responsabilidad, informando al Ministerio de Energía y la CNE antes de dimensionar el alcance total del error”, sostuvo la compañía.
Este reconocimiento ocurrió apenas tres días después de la renuncia del entonces ministro de Energía, Diego Pardow, quien dejó el cargo tras las revelaciones del error metodológico de la CNE que afectó a las generadoras.
El Presidente Gabriel Boric nombró en su reemplazo al propio Álvaro García, quien además encabeza Hacienda, en un intento por restablecer la confianza en el sector.
La Comisión Nacional de Energía ya había publicado en octubre el Informe Técnico Preliminar de Precios de Nudo Promedio 2026, donde se incorporan correcciones metodológicas que, según la autoridad, permitirán reducir las tarifas eléctricas en torno a un 2% promedio a partir del próximo año.
Un año de apagones y desconfianza
Los cortes de este lunes no fueron un hecho aislado. El sistema eléctrico chileno vivió en febrero el peor apagón en más de una década: una falla en una línea de alta tensión del norte dejó sin electricidad al 90% del país, paralizando el transporte, las telecomunicaciones y las faenas mineras.
El gobierno decretó estado de excepción y toque de queda nocturno, mientras el Coordinador Eléctrico Nacional trabajaba para restablecer el suministro.
Según el informe posterior, la falla se originó en instalaciones de la empresa ISA InterChile y provocó una reacción en cadena que desconectó plantas generadoras y subestaciones a lo largo de más de 3.000 kilómetros.
Expertos explicaron que el sistema eléctrico chileno, de tipo radial y altamente dependiente de la transmisión norte-sur, mostró una falta de resiliencia que agravó la propagación del corte.
El apagón de febrero dejó lecciones duras. La Comisión Nacional de Energía, la SEC y el Coordinador Eléctrico iniciaron investigaciones paralelas para determinar responsabilidades.
ISA InterChile reconoció una “operación no deseada de los esquemas de protección”, mientras especialistas apuntaron a deficiencias en la comunicación entre generadoras y transmisoras.
A pesar de que el servicio se restableció casi por completo al día siguiente, la magnitud del evento —que afectó al 95% de la población— marcó un antes y un después.
En los meses posteriores, distintos informes advirtieron que el crecimiento de la demanda, la penetración de energías renovables intermitentes y el envejecimiento de la infraestructura de transmisión estaban incrementando los riesgos de inestabilidad.
Las autoridades prometieron fortalecer la regulación y la fiscalización, pero los hechos de octubre confirman que la red sigue siendo vulnerable.
La falla de este lunes, al igual que la de febrero, afectó a subestaciones clave del sistema interconectado, poniendo nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de las empresas y del Estado.
A la crisis operativa se suman los problemas financieros derivados de los errores tarifarios.
Entre las devoluciones comprometidas por las generadoras y las transmisoras, los montos superan los 200 millones de dólares.
El gobierno ha señalado que las compensaciones se aplicarán mediante rebajas en las cuentas desde enero de 2026, aunque aún falta el informe técnico definitivo.
Un sistema en revisión
El año 2025 será recordado como uno de los más complejos para el sector energético chileno. A los apagones, fallas y errores de cobro se suma la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar un servicio básico.
El propio Presidente Boric calificó el apagón de febrero como “indignante e inaceptable”, y prometió “hacer valer responsabilidades”.
La SEC y el Coordinador Eléctrico trabajan actualmente en una auditoría conjunta sobre la infraestructura de transmisión y en un plan de contingencia para evitar que una sola falla pueda provocar cortes masivos.
La CNE, en tanto, anunció que los nuevos decretos tarifarios incorporarán revisiones adicionales antes de su publicación para evitar errores metodológicos como los de este año.
Los expertos advierten que el país enfrenta un desafío estructural. El rápido crecimiento de la generación solar y eólica ha tensionado la red de transmisión, mientras los proyectos de refuerzo avanzan lentamente.
Además, el alza en la demanda urbana y la falta de coordinación entre generadoras, transmisoras y distribuidoras aumentan la posibilidad de fallas en cascada.
El consultor energético Carlos Barría explicó tras el apagón de febrero que el sistema “está diseñado para reaccionar ante fallas localizadas, pero no para interrupciones simultáneas en puntos críticos de la red”.
Según él, la experiencia de 2025 debe traducirse en una modernización urgente de los protocolos de protección y una mayor inversión en líneas de respaldo.
En paralelo, la discusión política sobre el rol del Estado en el sector eléctrico ha vuelto al centro del debate.
Mientras algunos parlamentarios piden aumentar las facultades regulatorias de la CNE y la SEC, otros exigen revisar el modelo de concesiones privadas y la relación entre el Coordinador Eléctrico y las empresas que operan la infraestructura.
El gobierno ha insistido en que no habrá estatización del sistema, pero sí una revisión profunda del marco regulatorio.
El biministro García sostuvo que el objetivo es “asegurar tarifas justas, un sistema estable y un servicio confiable”.
Sin embargo, reconoció que la confianza en el sector “ha sufrido un golpe del que costará recuperarse”.
