Inmobiliaria intervino zona protegida del río Claro y construyó pista de motocross: Corte confirma multa de $7,2 millones
La intervención de un cauce en el río Claro de Talca, con movimientos de tierra y la instalación de una pista de motocross, terminó en sanción.
La Dirección General de Aguas (DGA) impuso multas a la inmobiliaria responsable y ordenó restaurar la zona afectada.
Esta decisión fue ahora confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó la reclamación de la empresa y ratificó la legalidad de las sanciones.
La denuncia se originó en 2019, cuando el Serviu del Maule detectó alteraciones en el lecho del río, en la ribera suroriente del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco.
Las fiscalizaciones de la DGA verificaron acopios de material, excavaciones y un pozo noria en funcionamiento, todo dentro de un bien nacional de uso público.
Por ello, la autoridad aplicó multas por un total de 105,4 UTM —equivalentes a unos $7,3 millones— y remitió los antecedentes a otras entidades estatales.
En su fallo, la Corte estableció que la DGA “actuó dentro de sus competencias y atribuciones”, validando el procedimiento sancionatorio y los informes técnicos que confirmaron el daño ambiental.
El tribunal también destacó que las obras afectaron el libre escurrimiento de las aguas y el equilibrio natural del ecosistema del humedal, un área oficialmente reconocida por la Ley 21.202 de Humedales Urbanos.
Pese a las sanciones, las inmediaciones del humedal continúan siendo utilizadas para actividades privadas y eventos municipales.
En los terrenos cercanos, la Dirección de Obras Municipales de Talca otorgó el permiso de construcción a la empresa Ríos Claros S.A. para levantar un nuevo casino, en una zona que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha catalogado como de riesgo de inundación, lo que exige estudios fundados y aprobación de organismos competentes conforme al artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Desde el movimiento ambiental Bio Eco Terra, su vocero Fabián Olave valoró la resolución: “Nos parece una excelente señal que la justicia ponga las cosas en su lugar ante la inoperancia de las autoridades administrativas. Esperamos que este fallo lleve a fiscalizar de manera más concienzuda las diferentes actividades que se están desarrollando en el entorno del humedal”.
