Por la vida digna y la libertad de decidir

En Chile, hoy se discute algo más profundo que una ley: se debate la posibilidad real de que las mujeres ejerzan su propio devenir con autonomía y dignidad. La despenalización del aborto sin causales no es un capricho ni una moda; es un acto democrático y una deuda social de urgencia que por años se postergó por decisiones políticas. Esta vez, debe debatirse con la altura democrática que merece una discusión histórica.

Durante siglos, el Estado chileno ha cargado sobre las mujeres la culpa, la criminalización y el silencio. Pero la responsabilidad de saldar esta deuda no recae solo en el movimiento feminista: es una tarea colectiva, de un país entero. Porque cuando se niega el derecho a decidir, se restringe la libertad, la igualdad y la justicia social que toda democracia debe garantizar. Se les niega, precisamente, a las mujeres que han sostenido la vida del país: las que han criado, educado, cuidado y trabajado por Chile.

El aborto sin causales es una demanda histórica que ha atravesado generaciones. En sus orígenes, a comienzos del siglo XX, fue planteado como un problema de salud pública: la urgencia era detener la mortalidad materna que afectaba, sobre todo, a mujeres pobres, campesinas y obreras, mientras las élites accedían a procedimientos seguros y clandestinos con sus médicos de cabecera. Las más pobres morían en silencio, víctimas de un sistema que convertía la pobreza en condena.

En las décadas del sesenta y setenta, en medio de transformaciones sociales y regímenes autoritarios, el debate sobre el aborto adquirió una nueva dimensión: la autonomía reproductiva. En tiempos en que el poder político y moral pretendía controlar la vida íntima, las mujeres comenzaron a exigir decidir no sólo para sobrevivir, sino para vivir en libertad. “El cuerpo es territorio propio” se convirtió en una consigna contra el patriarcado y el Estado que imponían maternidades forzadas y roles subordinados.

Luego, con la derogación del aborto terapéutico en 1989, en los últimos días de la dictadura, se consumó una de las mayores regresiones en derechos. Lo que por décadas se había reconocido como una necesidad médica y humana fue eliminado por razones ideológicas. Desde entonces, los movimientos feministas han luchado por recuperar ese derecho: primero en su dimensión terapéutica, luego en las tres causales, y hoy en la demanda plena por la autonomía reproductiva.

Cada época resignificó esta lucha, pero todas compartieron la misma raíz: el derecho a decidir es una cuestión de justicia y de clase. Porque quienes abortan en condiciones seguras lo hacen gracias a su posición económica, mientras las más pobres siguen arriesgando su vida en la clandestinidad. La ley actual no protege a nadie: perpetúa la hipocresía de un Estado que mira hacia otro lado mientras las mujeres siguen siendo criminalizadas o mueren en silencio.

Hablar de aborto sin causales es hablar de igualdad sustantiva. No esa igualdad formal que se escribe en las leyes, sino la que se materializa en derechos concretos, acceso a salud, condiciones dignas y libertad efectiva. La igualdad sustantiva exige que el Estado asuma un rol activo frente a las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres: brechas económicas, sociales y culturales que aún impiden la autonomía plena. No se trata solo de reconocer la diferencia, sino de redistribuir poder y dignidad.

Avanzar hacia el aborto libre y con plazos es avanzar hacia un Chile que no tema la libertad de las mujeres, sino que la abrace como parte de su madurez democrática. Sin igualdad sustantiva no hay justicia social, y sin justicia social no hay democracia. Un Estado que criminaliza a las mujeres por decidir no puede llamarse igualitario.

Este debate no es solo jurídico ni técnico: es ético, político y social. Es un acto de acción popular, nacido de las voces que han sostenido esta lucha en las calles, los consultorios, los sindicatos y las comunidades. Es la bandera de quienes saben que sin libertad reproductiva no hay justicia, y sin justicia no hay socialismo posible.

Por eso, dar urgencia a una ley que despenalice el aborto sin causales no es una decisión legislativa más: es una señal de coherencia democrática. Es asumir que los derechos de las mujeres no pueden seguir dependiendo del patriarcado ni de la moral ajena. Es reconocer que esta lucha, que comenzó hace casi un siglo, aún espera reparación.

Que el debate no se dilate más. Escuchemos las voces de quienes han sostenido esta causa con cuerpo y convicción. Discrepemos, debatamos, pero hagámoslo ya. Porque decidir no es un delito: es un derecho humano, un acto de soberanía y un paso hacia la justicia social que Chile le debe a sus mujeres.

Por las que vinieron antes, por las que estamos hoy y por las que vendrán.