Lo que está en juego son las oportunidades de miles de personas para acceder a formación, empleo y desarrollo profesional. Y defender esas oportunidades no debería ser una cuestión ideológica, debería ser -simplemente- una cuestión de sentido común.
Esta franquicia del Sence permite descontar impuestos por capacitaciones laborales - Agencia Uno
Hace algunas semanas, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó parte de la reforma que buscaba modificar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), uno de los principales instrumentos que existen en Chile para financiar la formación de trabajadores y trabajadoras.
La discusión puede parecer lejana para la mayoría de las personas. Después de todo, cuando se habla de capacitación laboral suelen aparecer conceptos técnicos, incentivos tributarios, porcentajes de uso o mecanismos de financiamiento que pocas veces logran conectar con la vida cotidiana.
Sin embargo, detrás de esa votación existe una pregunta mucho más simple y mucho más relevante: ¿qué oportunidades estamos dispuestos a ofrecerles a quienes históricamente han quedado fuera del mercado laboral?
Desde Fundación Tacal llevamos más de cuarenta años trabajando por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y si algo hemos aprendido en este tiempo es que la capacitación no es un gasto ni un beneficio accesorio. Es una de las herramientas más poderosas para abrir puertas que durante décadas permanecieron cerradas.
En Chile, las personas con discapacidad siguen enfrentando importantes barreras para acceder al empleo. Las dificultades comienzan muchas veces en la educación, continúan en los procesos de formación y se profundizan cuando llega el momento de buscar trabajo. A los prejuicios aún existentes se suman brechas de acceso, falta de apoyos y una estructura laboral que muchas veces no considera la diversidad de trayectorias y capacidades.
Por eso los programas de capacitación cumplen un rol tan importante. No porque resuelvan todos los problemas, sino porque permiten construir puentes entre el talento disponible y las oportunidades reales de empleo. Lo hemos visto innumerables veces.
Hemos acompañado a trabajadores que ingresaron a una empresa hace casi tres décadas gracias a programas de formación e intermediación laboral y que hoy continúan desarrollando una carrera exitosa en ese mismo lugar. También hemos visto a profesionales con discapacidad que iniciaron su trayectoria en cargos operativos y que, mediante oportunidades de desarrollo y diálogo, llegaron a ocupar posiciones de liderazgo e incluso gerencias dentro del sector financiero.
Estas historias no son excepciones heroicas, son la demostración concreta de lo que ocurre cuando una sociedad decide invertir en las capacidades de las personas en lugar de concentrarse únicamente en sus limitaciones. Por eso preocupa que el debate sobre la capacitación laboral se haya instalado muchas veces como una discusión exclusivamente presupuestaria.
Es legítimo discutir cómo mejorar los mecanismos existentes. Toda política pública debe ser evaluada, fiscalizada y perfeccionada. También es razonable preguntarse cómo garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. Pero una cosa es modernizar y otra muy distinta es debilitar herramientas que hoy permiten ampliar oportunidades de empleo y desarrollo.
Cuando se reducen los espacios de capacitación, los efectos no se distribuyen de manera uniforme. Quienes primero sienten el impacto son precisamente aquellos grupos que enfrentan mayores barreras para ingresar al mercado laboral: personas con discapacidad, personas mayores, trabajadores con baja calificación y mujeres que han debido interrumpir sus trayectorias laborales por razones de cuidado.
En un contexto como el actual, donde la automatización, la inteligencia artificial y las transformaciones tecnológicas están modificando aceleradamente el mundo del trabajo, reducir las oportunidades de capacitación parece una decisión difícil de justificar.
La formación continua ya no es una ventaja competitiva para unos pocos. Se está transformando en una necesidad básica para participar plenamente de la vida económica y social. Por eso resulta tan importante mirar esta discusión desde una perspectiva más amplia.
Cuando una persona con discapacidad consigue empleo, no cambia únicamente su nivel de ingresos. Cambia su autonomía, su autoestima, su participación social y su proyecto de vida. Cuando ese empleo se mantiene en el tiempo y permite construir una carrera, también cambia la forma en que la sociedad observa la discapacidad: deja de verla desde la carencia y comienza a reconocer el talento, la capacidad y el aporte que cada persona puede realizar.
La inclusión laboral no puede depender únicamente de campañas de sensibilización o de discursos bien intencionados. Requiere políticas públicas consistentes, instrumentos eficaces y una convicción colectiva de que el desarrollo debe incluir a todas las personas.
Por eso lo ocurrido en la Cámara trasciende una discusión técnica sobre incentivos tributarios. Lo que está en juego no es solamente un mecanismo de financiamiento, lo que está en juego son las oportunidades de miles de personas para acceder a formación, empleo y desarrollo profesional. Y defender esas oportunidades no debería ser una cuestión ideológica. Debería ser, simplemente, una cuestión de sentido común.