La investigación por presunta malversación de fondos públicos en contra del presidente Gabriel Boric llegaría a su fin luego de que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitara el sobreseimiento definitivo del mandatario.
Las sospechas se originaron luego de que el jefe de Estado contratara a un abogado con dinero de las arcas fiscales para que lo representara en el caso que investiga fraude al fisco por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende.
La denuncia fue interpuesta por Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, vinculada a partidos de la extrema derecha.
Si bien las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, están habilitadas para contratar abogados utilizando recursos públicos, el querellante indica que esta condición debería implementarse solo cuando son actuaciones legítimas.
La Presidencia de la República contrató vía trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías por 350 UF (aproximadamente $13,8 millones).
Esta acción, según Palamara, se encuentra “al margen de la Constitución y las leyes” ya que lo que se buscaba defender era un (fallido) contrato de compra-venta de un funcionario público con el Estado, algo que la Carta Magna prohíbe.
Sin embargo, desde la Fiscalía de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, el caso ya estaría cerrado tras no recopilar antecedentes suficientes que justifiquen una formalización, pidiendo así la solicitud de sobreseimiento definitivo, según indicó Radio Bío Bío
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición y fijó la audiencia para el próximo viernes 14 de noviembre a las 9:00 horas, en el Centro de Justicia.
