La cadena de fallas judiciales que permitieron la fuga del sicario del Tren de Aragua: “Una decisión absurda, injusta e ilegal”
La tarde del 10 de julio de 2024, apenas unas horas después de haber sido enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato del comerciante José Felipe Reyes Ossa —conocido como el “Rey de Meiggs”—, el ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández abandonó caminando el penal Santiago 1, acompañado de dos hombres que lo esperaban afuera.
Hoy está prófugo y se presume que ya cruzó la frontera hacia Perú.
El caso, que en un inicio fue tratado como una tragedia aislada y un error administrativo, escaló rápidamente a un escándalo institucional con ramificaciones en Gendarmería, el Poder Judicial y el propio sistema de justicia penal chileno.
Y es que la fuga de Mejía, presunto sicario vinculado al Tren de Aragua, no fue solo un accidente: fue el resultado de una seguidilla de fallas legales y administrativas que hoy están bajo investigación penal y sumaria.
En medio del debate nacional por la crisis de seguridad, esta liberación dejó al descubierto lo que la académica Silvana Adaros, profesora de Derecho en la UNAB, califica como “una negligencia grave que empaña la correcta aplicación del Derecho”.
“Lo que se detectó fue un error en una letra del apellido que el imputado dijo tener”, mencionó Silvana Adaros, académica de la Facultad de Derecho de la UNAB.
Tres resoluciones en menos de diez minutos
Todo comenzó la noche del 9 de julio, cuando se realizó la audiencia de formalización contra Mejía y otros dos coimputados por el crimen ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa.
Según se ha informado, la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, decretó prisión preventiva para los tres imputados, pero cometió un error en una letra del apellido del presunto sicario, consignándolo como “Ferrer”, identidad falsa que Mejía utilizaba desde su ingreso irregular al país.
A partir de ese error se emitieron tres resoluciones sucesivas en un lapso de 11 minutos: la primera establecía prisión preventiva con el nombre errado; la segunda corregía el nombre, pero en vez de enmendar, revocaba la prisión y ordenaba su libertad; la tercera finalmente rectificaba el nombre y reestablecía la medida cautelar.
Gendarmería, pese a haber sido notificada de este enredo vía correo electrónico, tomó razón del segundo documento y liberó al imputado cerca de las 20:00 horas del día siguiente.
“Lo que correspondía era dictar una segunda resolución rectificando el error y transcribiendo a continuación el texto íntegro y correcto de la orden de prisión preventiva”, expresó Adaros.
Para la abogada, revocar una medida de prisión preventiva sin audiencia y sin debate entre las partes es no solo un error procesal, sino un acto abiertamente ilegal.
“Revocar la prisión preventiva de manera unilateral para enmendar un error formal es completamente desproporcionado y carente de lógica”, sostuvo.
“Esa revocación fue ilegal porque supuso dejar en libertad a un sujeto a espaldas de quienes hoy representan a la víctima y al Ministerio Público”, agregó.
Una fuga con redes y dinero
Las consecuencias del error no se hicieron esperar. Mejía, ahora correctamente identificado gracias a un cotejo de sus huellas dactilares por Interpol, huyó rápidamente de Santiago.
Según la información que se maneja, pagó $2.5 millones a un taxista para que lo trasladara hasta Iquique, desde donde se presume cruzó a Bolivia por Colchane y posteriormente a Perú.
El chofer, que se presentó voluntariamente ante la policía, aseguró que Mejía le comentó que su destino final era Perú.
Esa declaración no solo ayudó a reconstruir el trayecto del imputado, sino que reforzó una hipótesis que ya manejaba el Ministerio Público: el sicario no actuó solo.
“El sujeto tenía una red de protección. Forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Esa red de protección está identificada, y es una red dentro del país”, señaló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
Desde el Ministerio Público, el Fiscal Nacional Ángel Valencia fue más categórico: “No cabe duda que necesita apoyo de terceros. Para que se produzca una huida como la que se sucede, necesita colaboración externa”.
Un sistema feble
Este caso dejó en evidencia los vacíos del sistema judicial y penitenciario. De acuerdo al fiscal Marcos Pastén, jefe de la división administrativa del Ministerio Público, este episodio es síntoma de un sistema “feble y vulnerable”.
“Decirle a la opinión pública una cosa distinta sería hasta insultante”, declaró. “Si en definitiva esto queda sujeto a la redacción de un oficio y a la lectura correcta de todos los oficios, yo digo que el sistema es feble”, enfatizó.
Silvana Adaros coincide con este diagnóstico. “Las formas no pueden primar sobre el fondo ni las máquinas imponer a los jueces soluciones que conduzcan a situaciones absurdas, injustas e ilegales”, señaló.
“La resolución que decreta una prisión preventiva debe ser fundada, expresándose en ella claramente los antecedentes calificados que justifican la decisión”, añadió la abogada.
El crimen del “Rey de Meiggs”
El asesinato por el cual fue formalizado Mejía ocurrió el 19 de junio en Ñuñoa. Según la investigación, Reyes Ossa fue interceptado por dos sujetos armados mientras salía de su edificio.
Aunque intentó huir, recibió tres disparos, uno de ellos en el cuello. Su acompañante logró escapar. Aunque portaba casi $3 millones de pesos, el dinero no fue sustraído, lo que llevó a la Fiscalía a descartar un robo común y apuntar a un homicidio por encargo.
El autor intelectual del crimen sería un chileno del entorno de la víctima, motivado por una disputa sentimental.
Los sicarios habrían recibido un pago parcial de $4.5 millones (de un total prometido de $30 millones), y tras cometer el crimen huyeron al sur del país.
Al regresar a Santiago, fueron detenidos. Los coimputados hoy se mantienen en prisión preventiva.
“Una simple e inocente pero fatídica secuencia de errores judiciales y administrativos, o la peor de todas: corrupción”, planteó Adaros sobre la posible cadena de fallos.
La alerta no bastó
Pese a que Gendarmería fue notificada por correo del tercer oficio que restablecía la prisión preventiva, finalmente ejecutó el segundo, que ordenaba la libertad.
Las autoridades penitenciarias aseguran que actuaron de buena fe y siguiendo la documentación recibida.
Para Adaros, eso no exime de responsabilidad: “Estamos ante un muy deficiente desempeño de los funcionarios judiciales y administrativos involucrados”, afirmó.
Fallas previas en la identificación
Otra arista crítica fue revelada por el Fiscal Nacional: Mejía ya había sido detenido en dos ocasiones en 2022, pero no se le tomaron huellas dactilares porque la reforma que obliga a hacerlo para imputados extranjeros irregulares recién entró en vigencia en 2023.
“Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado”, explicó Valencia.
Revisión urgente del sistema
El Ministerio de Justicia convocó a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, integrada por la Corte Suprema, el Ministerio Público, Defensoría Penal, Gendarmería, Carabineros y la PDI.
Su objetivo es revisar los protocolos de comunicación y evitar que situaciones como esta se repitan.
“La ley indica que el juez puede citar a todos los intervinientes a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de los requisitos que autorizan la medida”, recordó Silvana Adaros.
“Todo ello por tratarse de un auto que puede ser rectificado de oficio al no generar desasimiento del tribunal”, añadió.
Mientras tanto, la Fiscalía Oriente y unidades especializadas de Carabineros y la PDI siguen rastreando el paradero de Mejía.
Su fuga golpeó directamente la credibilidad del sistema judicial chileno. Y aunque las autoridades intentan contener los daños, las preguntas persisten: ¿negligencia o encubrimiento? ¿Descoordinación o colapso institucional?
