Comunidad migrante ocupaba irregularmente terreno destinado a proyecto habitacional para familias vulnerables: Deberán desalojar
Desde mayo de 2022, un grupo de 15 familias –en su mayoría migrantes en situación irregular– levantó un asentamiento en una franja fiscal junto a la Ruta 60-CH, en Villa Alemana.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, lo llamaron “Fortaleza Troncal Sur”. Con el tiempo, sus integrantes levantaron viviendas precarias y organizaron la vida comunitaria con niños, adultos mayores y personas enfermas.
Pero el 27 de marzo de 2025, Carabineros les notificó que debían abandonar el lugar en 10 días: la Delegación Presidencial de Marga Marga había dictado una resolución de desalojo con uso de fuerza pública.
El abogado que presentó el recurso de protección alegó que la medida vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley y que no se habían cumplido estándares internacionales en desalojos forzosos, como la consulta previa o la entrega de alternativas habitacionales.
También cuestionó que la comunidad no tuviera certeza jurídica sobre los límites del terreno, ni información clara respecto a los fundamentos de la decisión administrativa.
La Delegación Presidencial respondió que el terreno era parte de una faja fiscal utilizada por el Ministerio de Obras Públicas y que su ocupación ilegal impedía la ejecución del proyecto habitacional “Nueva Esperanza Uno”, que beneficiará a 256 familias vulnerables.
Alegaron, además, riesgos de seguridad, acumulación de desechos, falta de acceso a servicios básicos y denuncias sobre delitos en el sector, como tráfico de drogas, venta ilegal de terrenos y comercio sexual. La Municipalidad de Villa Alemana respaldó estos antecedentes.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictado por la Cuarta Sala e integrado por los ministros Rodrigo Cortés, Germán Núñez y Patricia Greeven, fue claro: “Las personas que se encuentran habitando el asentamiento denominado ‘Fortaleza Troncal Sur’ carecen de título que los habilite para permanecer en dichos terrenos (…) ocupan ilegalmente la faja adyacente a la Ruta 60-CH, que pertenece al Estado”.
La resolución concluyó que el desalojo se dictó conforme a las atribuciones legales establecidas en la Ley N° 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, y descartó arbitrariedad.
“La problemática social existente (…) no avala ni permite tener por amparadas por la vía del derecho acciones de facto, como lo es la toma ilegal de terrenos”, añade el fallo.
El recurso fue rechazado en todas sus partes y la decisión fue confirmada, sin modificaciones, por la Corte Suprema.
La Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Jean Pierre Matus, Hernán Crisosto, Carolina Catepillán y los abogados integrantes Carlos Urquieta y José Miguel Valdivia, no dio lugar a los alegatos y declaró que la sentencia de Valparaíso queda firme.
