Con fiscalización y tope de aranceles, pero sin digitalización: La reforma notarial que avanza en parte y deja mucho fuera
Pronta a convertirse en ley quedó la reforma al sistema registral y notarial, tras seis años de tramitación legislativa.
Su despacho fue aprobado por el Senado en una sesión que no estuvo exenta de controversia: senadores acusaron que la Cámara de Diputadas y Diputados alteró de manera unilateral el procedimiento de votación del informe de la Comisión Mixta.
No obstante, la reforma fue ratificada y será enviada al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
El objetivo declarado de esta reforma es modernizar aspectos orgánicos y funcionales del sistema notarial y registral, en el marco de la agenda de modernización del Estado y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, busca avanzar en transparencia, fiscalización y mejorar la calidad del servicio que entregan las notarías a la ciudadanía.
Entre los principales cambios, la ley establece concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
También pone fin a los cargos vitalicios al fijar un límite de edad de 75 años para ejercer estos cargos, y prohíbe que familiares de determinadas autoridades políticas y judiciales puedan integrar las nóminas de selección o ser nombrados.
Sin embargo, esta inhabilidad no tiene efecto retroactivo, por lo que quienes ya ocupan cargos con vínculos familiares con autoridades podrán seguir ejerciendo.
Solo quedarán inhabilitados para asumir nuevos cargos o ser promovidos una vez que la ley entre en vigencia.
Digitalización parcial y exclusión de la escritura electrónica
Uno de los retrocesos más significativos respecto del proyecto original tiene que ver con el uso de tecnologías digitales.
La versión presentada en 2018 proponía la incorporación de firma electrónica avanzada, repositorios digitales y plataformas para otorgar y consultar documentos en línea. Incluso se contemplaba que las escrituras públicas pudieran realizarse digitalmente.
Sin embargo, esta posibilidad fue eliminada por el Senado y no fue reincorporada en la Comisión Mixta.
En consecuencia, las escrituras seguirán siendo otorgadas exclusivamente en papel, pese a que la ley sí establece la obligación de que los notarios las digitalicen para su archivo posterior.
Este punto revela una contradicción central: aunque la ley promueve en teoría la digitalización y exige plataformas de consulta remota, mantiene el requisito presencial para la autorización de documentos, perpetuando un sistema más lento, costoso y poco accesible.
La promesa de facilitar la vida de las personas a través de trámites digitales quedó, una vez más, postergada.
Más funciones para los notarios, con posible aumento de cobros
Mientras se descartaron mecanismos para “desnotarizar” procesos —como permitir que ciertos trámites simples los realicen fedatarios u otros ministros de fe—, sí se otorgaron nuevas funciones a los notarios.
Una de ellas es la obligación de remitir electrónicamente al Conservador de Bienes Raíces los títulos traslaticios de dominio, así como escrituras de constitución, modificación o término de sociedades.
Esta gestión será realizada por defecto por la notaría, a menos que la persona manifieste expresamente su deseo de hacerlo por cuenta propia o no pague los costos correspondientes.
Esto abre la posibilidad de que se establezca un nuevo cobro por parte de las notarías, sumándose a otros cargos ya cuestionados, como la autorización y la obtención de firmas.
Hasta ahora, no existe una disposición expresa que prohíba estos cobros adicionales, y no se ha aclarado si los usuarios podrán negarse sin enfrentar obstáculos en sus trámites.
Por ello, aunque se reconoce el objetivo de agilizar los procesos, el efecto práctico podría ser una mayor concentración de funciones y cobros en las notarías.
Nuevas reglas en transparencia, precios y fiscalización
En contraste con lo anterior, la ley sí establece avances importantes en materia de transparencia y fiscalización.
Uno de ellos es la incorporación del Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio que entregan las notarías.
Las personas podrán presentar reclamos por cobros irregulares, mala atención o problemas en los trámites a través de las plataformas del servicio.
Además, la ley establece un sistema para fijar precios máximos de los servicios notariales. Este procedimiento técnico será responsabilidad conjunta de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
De esta forma, se espera poner fin a las grandes diferencias de precios entre notarías y a los cobros abusivos que hoy afectan a los usuarios.
Otra mejora es la obligación de transparentar las tarifas mediante su publicación en sitios web oficiales. Las notarías también deberán disponer de canales de atención en línea, plataformas para consultas y reclamos, y páginas informativas con horarios, requisitos y valores de los trámites.
En paralelo, se incorporan auditorías externas obligatorias, informes periódicos y nuevas obligaciones para los fiscales judiciales, quienes deberán fiscalizar la conducta de los notarios, conservadores y archiveros, así como atender los reclamos ciudadanos con mecanismos estandarizados.
La coordinación con el Sernac busca reforzar la dimensión ciudadana del sistema, avanzando hacia un modelo más centrado en el usuario.
Cambios en el sistema de nombramientos y resistencia al cambio
La reforma elimina el rol de las cortes en los nombramientos y lo traslada al Servicio Civil, que será el encargado de llevar adelante concursos públicos mediante el sistema de Alta Dirección Pública.
Se contempla una evaluación técnica, publicación de perfiles, elaboración de ternas y finalmente una designación por parte del Presidente de la República, que deberá estar fundada y sujeta a plazos.
Aunque este cambio apunta a reducir la discrecionalidad política y judicial, aún persiste un grado de margen en la decisión presidencial, lo que podría tensionar el principio de mérito si no se establecen criterios claros para la selección dentro de la terna.
A pesar de que muchos de estos elementos fueron valorados como avances, también se identifica que la ley no aprovechó todas las herramientas posibles para aumentar la competencia.
Por ejemplo, no se incorporó la figura del fedatario, que permitiría realizar trámites simples sin la intervención directa de un notario.
Tampoco se eliminó la exigencia de autorización notarial en los 205 trámites identificados por la Fiscalía Nacional Económica como innecesarios o redundantes.
En suma, la reforma avanza en algunos aspectos —como el nuevo sistema de nombramientos, la regulación de precios, y el fortalecimiento de la fiscalización—, pero retrocede en otros fundamentales para una transformación estructural.
La mantención de la presencialidad obligatoria, la exclusividad del papel y la concentración de funciones en las notarías limitan el alcance real del proyecto.
Un sistema que cambia para que poco cambie
Aunque la nueva ley trae consigo varias medidas que permitirán una mayor transparencia y una supervisión más robusta, los aspectos más estructurales que podrían haber democratizado y digitalizado el acceso a los servicios notariales fueron descartados en el camino.
Los notarios siguen siendo el único actor autorizado para una larga lista de trámites, sin que exista competencia real o alternativas para los ciudadanos.
La eliminación de la escritura electrónica, la ausencia de fedatarios y el fortalecimiento de funciones que podrían traducirse en nuevos cobros consolidan un modelo que sigue beneficiando a un grupo reducido con fuerte capacidad de lobby.
Al mismo tiempo, los usuarios continúan enfrentando un sistema que exige presencialidad, trámites en papel y costos muchas veces excesivos.
La implementación efectiva de lo aprobado, la definición de reglamentos claros y la fiscalización activa serán claves para determinar si esta reforma logra al menos corregir las distorsiones más evidentes del sistema. Pero por ahora, la modernización prometida sigue siendo, en gran parte, una deuda pendiente.
