Un bebé nacido en el Hospital San Pablo de Coquimbo quedó en el centro de una disputa judicial luego de que sus padres se negaran a permitir que recibiera la vacuna contra la hepatitis B, parte del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud.
Ante esa negativa, el recinto asistencial presentó un recurso de protección para resguardar los derechos del recién nacido.
La Corte de Apelaciones de La Serena acogió de forma unánime dicha acción. La Primera Sala del tribunal –compuesta por los ministros Felipe Pulgar Bravo, Gloria Negroni Vera y el abogado integrante Gabriel Gallardo Verdugo– resolvió que impedir la vacunación vulnera los derechos fundamentales del lactante, especialmente su vida e integridad física, ya que lo expone al contagio de una enfermedad prevenible.
Según el fallo, los argumentos de los padres se basaban en temores sobre supuestos efectos adversos de la vacuna, como el autismo, pero la Corte calificó dicha postura como “ilegal y arbitraria”.
El tribunal precisó que “la negativa prestada por los recurridos para inmunizar a su hijo no se encuentra amparada en la legislación vigente” y que el interés superior del niño debe prevalecer por sobre creencias personales de los adultos.
Además, la resolución cita la Ley N°21.430 y la Observación General N°14 del Comité de Derechos del Niño para respaldar que, ante la imposibilidad del lactante de expresar su voluntad, debe tomarse la decisión que mejor resguarde su salud y desarrollo integral.
En este caso, la inoculación “resulta ser la opción que, de mejor forma, garantiza los derechos en juego”.
El tribunal enfatizó que la vacunación infantil es un deber legal de los cuidadores y forma parte de la responsabilidad de los padres en garantizar el acceso de sus hijos a las políticas sanitarias universales establecidas por el Estado.
Finalmente, la Corte resolvió ordenar a los padres llevar a su hijo al servicio de salud correspondiente para proceder con la vacunación.
En caso de incumplimiento, los antecedentes deberán ser remitidos a la Oficina Local de la Niñez para iniciar un procedimiento de protección administrativa.
