Recurrió a dentista privado por negligencia odontológica en consultorio y hospital: Corte ordena pagarle $10 millones
En mayo de 2015, una mujer acudió al Centro de Salud Familiar N°1 del Servicio de Salud Metropolitano Central, donde le instalaron una férula dental en cuatro piezas de su dentadura.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, a partir de entonces, buscó seguimiento en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, sin que los médicos responsables retiraran dicho dispositivo.
Finalmente, fue dada de alta en noviembre del mismo año, aún con la férula puesta.
La paciente permaneció con el aparato instalado durante aproximadamente seis meses. Como no obtuvo una respuesta efectiva del sistema público de salud, optó por acudir a un centro privado para solucionar su problema, asumiendo de su bolsillo los costos del tratamiento correctivo.
El Vigésimoquinto Juzgado Civil de Santiago, a cargo de la jueza Susana Rodríguez Muñoz, concluyó que la atención brindada fue deficiente.
Según el fallo, el actuar de los establecimientos “constituye un actuar anómalo” y “transgrede el estándar de diligencia exigible en materia sanitaria”.
La magistrada sostuvo que el daño económico causado por esta negligencia obligó a la afectada a pagar tratamientos particulares que no habría necesitado si el sistema público hubiese cumplido adecuadamente.
Además, la sentencia reconoció el impacto emocional del caso, señalando que “la pérdida de piezas dentales conlleva un deterioro significativo en la calidad de vida”, afectando funciones básicas como la alimentación y el habla, así como la autoestima de la paciente.
El fallo agregó que este daño moral fue agravado por la extensión del problema y el estrés económico derivado del tratamiento.
Por todo ello, el tribunal acogió parcialmente la demanda y condenó solidariamente al Hospital Clínico San Borja Arriarán, al Consultorio Dr. Ramón Corbalán Melgarejo y al Servicio de Salud Metropolitano Central a pagar un total de $10.695.345: de los cuales $695.345 corresponden al daño emergente y $10.000.000 al daño moral.
