Sin digitalización y con más funciones para notarios: El proyecto de ley que moderniza poco, cobra más y queda al debe
Cuando en 2018 el gobierno presentó una reforma al sistema de notarios y conservadores, una de sus promesas centrales era modernizar los trámites mediante tecnologías digitales.
Siete años después, el proyecto está listo para ser votado en el Senado, pero su versión actual dista bastante de aquella visión inicial.
La iniciativa, en vez de avanzar hacia la digitalización de escrituras públicas, mantiene su realización exclusivamente en papel y suma nuevas atribuciones para los notarios, entre ellas la obligación de enviar documentación al Conservador de Bienes Raíces, lo que podría implicar nuevos costos para los usuarios.
El proyecto fue despachado por la Cámara de Diputados en enero de 2020 y ha atravesado por tres trámites constitucionales.
En el primero de ellos se proponía que las escrituras pudieran elaborarse también en formato electrónico, mediante el uso de firma electrónica avanzada.
Pero esa disposición fue eliminada en el Senado y no se retomó durante la discusión en Comisión Mixta, por lo que la digitalización quedó excluida del texto que hoy se encuentra en tabla para ser votado.
Una oportunidad tecnológica que no prosperó
En su versión original, el proyecto incorporaba el uso de medios electrónicos como una forma de facilitar el acceso a trámites notariales, reducir costos y disminuir el tiempo requerido para completar gestiones.
Se proponía expresamente que las escrituras pudieran realizarse en papel, mecanografiadas o mediante documentos electrónicos con firma electrónica avanzada.
Esta posibilidad fue suprimida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado durante el segundo trámite legislativo, sin que fuera reincorporada en las etapas siguientes.
Además, el texto inicial establecía que los notarios debían disponer de medios telemáticos y contar con sistemas electrónicos que permitieran otorgar, archivar y consultar documentos digitalmente.
Aunque algunas de estas exigencias se mantuvieron para fines de gestión interna, la autorización de escrituras públicas quedó restringida al soporte papel.
La decisión de mantener esta exclusividad ha generado críticas en diversos sectores que habían apoyado la modernización del sistema notarial.
Según se argumentaba en el mensaje presidencial original, la implementación de tecnologías digitales permitiría reducir las barreras de entrada al sistema, facilitar la competencia y abaratar costos para los ciudadanos.
Nada de eso quedó consagrado en el proyecto que se votará próximamente en la Cámara Alta.
Nuevas funciones y eventuales nuevos cobros
Uno de los cambios más significativos que sí se mantuvo en el proyecto es la incorporación de una nueva tarea para los notarios: la de remitir electrónicamente al Conservador de Bienes Raíces copias de títulos traslaticios de dominio, así como constituciones, modificaciones o terminaciones de sociedades sujetas a inscripción.
La redacción actual indica que esta remisión se realizará “sin necesidad de intervención personal de los interesados”, salvo que estos expresamente se opongan o que no paguen los costos correspondientes a la inscripción en el Conservador.
Esto deja abierta la posibilidad de que las notarías establezcan nuevos cobros por realizar esta función, que hasta ahora podía ser ejecutada por abogados, corredores u otros intermediarios.
En términos prácticos, si un ciudadano o su representante legal desea entregar directamente al Conservador los documentos necesarios para una inscripción, deberá manifestar expresamente su intención de hacerlo. De lo contrario, la notaría asumirá la gestión y el cliente podría verse obligado a pagar por ello.
Pese a que esta medida busca facilitar los trámites y mejorar la eficiencia del sistema registral, no está claro si implicará un costo adicional para los usuarios.
Hasta ahora, la Asociación de Notarios y Conservadores ha optado por no pronunciarse sobre este punto mientras no se complete la votación en el Congreso.
Críticas de la Corte Suprema a la participación judicial en el proceso
Otro aspecto del proyecto que ha generado reparos es la propuesta de exigir un informe favorable del Fiscal Judicial de la Corte Suprema para dividir el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Esta medida fue incluida en el artículo 449 del Código Orgánico de Tribunales durante la discusión en Comisión Mixta, estableciendo que si el informe es negativo, el Presidente de la República no podrá volver a solicitarlo sino hasta pasados cuatro años.
La Corte Suprema emitió un informe desfavorable respecto de esta disposición, argumentando que contradice su postura institucional sobre la necesaria separación entre funciones jurisdiccionales y administrativas.
En su opinión, exigir que un fiscal judicial apruebe decisiones de reorganización administrativa no se condice con los principios que deberían regir el funcionamiento del Poder Judicial.
El máximo tribunal recordó que ya en 2018 y 2024 había manifestado su voluntad de mantenerse al margen del proceso de nombramiento y fiscalización de notarios, conservadores y archiveros.
En ese contexto, la participación del Fiscal Judicial en una decisión como la división del conservador de Santiago resulta contradictoria con la línea institucional que se ha sostenido de manera reiterada.
La propuesta consultada permite que, en caso de informe favorable, se creen hasta cuatro nuevos oficios conservatorios en Santiago, cada uno con competencias unificadas sobre registros de propiedad, hipotecas, interdicciones y prohibiciones de enajenar.
Sin embargo, la Corte Suprema advirtió que mantener la exigencia de un informe favorable en este caso, cuando en el resto del país se exige solo un informe no vinculante, perpetúa una excepción injustificada.
Un proyecto de modernización que no llega al usuario
Aunque el proyecto de ley incluye una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso, aumentar la transparencia y reforzar la fiscalización del sistema notarial, el retroceso en materia de digitalización ha sido uno de los aspectos más visibles y controvertidos de su tramitación.
A pesar de que en sus primeros artículos se insiste en la importancia de incorporar tecnologías y en la obligación de modernizar la gestión documental, el mantenimiento del papel como único formato válido para las escrituras públicas evidencia una contradicción de fondo.
La promesa inicial de “desnotarizar” la vida de las personas, reducir trámites y eliminar barreras mediante el uso de herramientas digitales, ha quedado relegada a un plano secundario.
En cambio, se ha reforzado el papel de los notarios en áreas que podrían traducirse en nuevos cobros, sin que exista aún claridad sobre los límites de esas funciones ni sobre su fiscalización efectiva.
El Senado tendrá ahora la última palabra sobre un proyecto que, aunque en apariencia busca modernizar el sistema, en los hechos mantiene muchos de sus elementos tradicionales y excluye herramientas clave del siglo XXI.
La votación que se realizará próximamente determinará si se consolida esta versión o si se reabren aspectos clave de la discusión.
