"En Chile no solo opera una mafia judicial, sino también una mafia notarial", fueron las ácidas declaraciones de la diputada y jefa de la bancada IND-PPD, Camila Musante, luego de que se revelaran los chats que ponen en aprietos a Francisco Leiva, titular de la Segunda Notaría de Santiago.

Un reportaje de Ciper reveló una serie de mensajes en los que se evidencia el esfuerzo de Leiva por obstaculizar la implementación de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), que implica menor costo para los usuarios, y una reducción económica para los notarios.

Si bien el hermano del notario Leiva, Raúl Leiva, es diputado por el Partido Socialista, el resto de su familia está sí se relaciona directamente con el mundo notarial.

De hecho, hay 3 de sus familiares que ejercen el mismo cargo: su hermana Maria Elena es opera en Lo Espejo; su sobrino Felipe Leiva Ilabaca ejerce en una notaria de Ovalle; y su tío Raúl Leiva Uribe-Echeverría se desempeña como notario y archivero en la comuna de Quirihue, Región del Ñuble.

“Estamos en esto por el lucro, no por otra cosa”, fue lo que le dijo el notario Francisco Leiva a su colega Valeria Ronchera luego de que esta última promoviera la implementación de la FEA en 2020.

Esta herramienta abarataba los costos al usuario y facilitaba los trámites. Sin embargo, perjudicaba directamente a los notarios quienes temían reducir sus ingresos y desvalorizar su labor.

Fue así como en octubre de 2024 Valeria Ronchera, titular de la Décima Notaría de Santiago, interpuso una denuncia administrativa en la Corte Suprema acusando a Leiva de obstaculizar el avance de la Firma Electrónica Avanzada (FEA).

El plan en ayuda de exjuez Poblete

La mafia notarial "funciona como un brazo armado administrativo, incluso financiero, de las mafias a nivel judicial para nombramiento de jueces y ministros a conveniencia de los más poderosos en nuestro país", expresó la diputada Musante, quien también es querellante por influencias en el Poder Judicial.

Y es que Francisco Leiva está envuelto en otro lío tras revelar que el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, y el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, idearon un plan en ayuda del exjuez, Juan Poblete, quien autorizó al Ejército un espionaje ilegal a periodistas

Leiva declaró en calidad de imputado para la Fiscalía de Valparaíso en la causa que indaga el tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Fue Mario Carroza quien le dijo a Leiva que el lío en el que se encontraba Poblete era un "problema institucional" y por ende, el exjuez debía jubilarse para "optar al incentivo al retiro de los funcionarios judiciales", según consignó un reportaje de The Clinic.

Además, tanto Carroza como Ulloa están bajo investigación y bajo sumario por sus vínculos con Luis Hermosilla, mientras que el exjuez Poblete podría arriesgar una condena de 20 años, a solicitud de la Fiscalía.