La reforma a la ley de notarios volvió a estancarse, pese a los esfuerzos del Gobierno por avanzar en su tramitación.

Esta vez, los principales obstáculos provienen desde el propio oficialismo y de la resistencia a tocar ciertas estructuras históricamente protegidas, como la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Uno de los puntos que ha generado más tensión es la posible división de este Conservador en tres oficinas distintas.

Aunque la propuesta busca modernizar el funcionamiento y reducir la concentración de poder, algunos sectores han advertido que esta medida podría afectar intereses sensibles y desencadenar disputas internas.

Además, persiste la discusión sobre cómo abordar la situación de quienes se mantienen por décadas en sus cargos.

Algunos parlamentarios han hablado de “notarios inmortales”, en referencia a profesionales que continúan ejerciendo más allá de los 75 años, lo que ha alimentado la presión por establecer límites claros y mecanismos de renovación.

En el Congreso, algunos legisladores plantean que la tramitación ha sido demasiado lenta y que las disputas políticas no permiten avanzar en cambios urgentes.

“Hay voluntad de reformar, pero no todos quieren tocar las estructuras que llevan años funcionando con muy poca fiscalización”, comentaron desde una de las comisiones que revisa el proyecto.

Mientras tanto, el Ejecutivo sigue intentando destrabar la discusión, consciente de que una reforma integral al sistema notarial no solo enfrenta trabas legislativas, sino también resistencias profundamente arraigadas en el Poder Judicial y en el propio gremio.