El difícil obstáculo que enfrenta campeón sudamericano: lo marginaron por denunciar a DT y logró anular fallo que lo absolvía
Desde niño, Cristóbal Cuevas soñó con representar a Chile en competencias internacionales de gimnasia.
Empezó a entrenar a los seis años, y desde los diez defendió al país en múltiples torneos. En 2023, se consagró campeón sudamericano, lo que lo proyectaba como una de las principales promesas del deporte nacional.
Sin embargo, todo cambió cuando se negó a pagar una cuota mensual que, según él, era ilegal: $140.000 exigidos por su propio entrenador para poder seguir entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).
El técnico, Christian Bruno Decidet, trabajaba contratado por el Instituto Nacional del Deporte (IND) y además recibía dinero de las becas PRODDAR.
Pese a ello, cobraba montos fijos mensuales a los seleccionados nacionales que entrenaban bajo su supervisión, así como un porcentaje de los premios obtenidos en competencias.
Cuando Cristóbal se negó a pagar esta suma, fue marginado del equipo y obligado a dejar la residencia del CAR.
Con apenas 17 años, tuvo que volver a su casa en Coquimbo, perdiendo acceso a entrenamientos, servicios técnicos y toda la estructura que el Estado garantiza a los deportistas de alto rendimiento.
“El impacto fue técnico, emocional y económico”, explicó su abogado Sebastián Buré Robles en entrevista con El Desconcierto.
“Desde lo técnico, se interrumpió un proceso clave de aprendizaje motriz. En lo emocional, Cristóbal entrenaba desde los seis años y representaba a Chile desde los diez. Y en lo económico, debió abandonar la residencia del CAR, volver a su ciudad y asumir gastos de entrenamientos y servicios especializados que antes estaban cubiertos por el sistema”, agregó.
En paralelo, su familia inició una denuncia formal ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), aportando más de 30 pruebas, entre ellas un dictamen de la Contraloría General de la República que señalaba expresamente que esos cobros eran ilegales.
Sin embargo, en abril de 2025, el CNAD resolvió desestimar la denuncia sin sancionar al entrenador ni considerar como irregular su actuar.
La resolución del Comité fue impugnada mediante un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual fue finalmente acogido.
La Corte determinó que todo el proceso llevado por el CNAD estuvo viciado y anuló la resolución, ordenando rehacer el procedimiento respetando los derechos constitucionales del joven deportista.
El fallo que marca un antes y un después
La decisión de la Corte de Apelaciones fue adoptada por la Sala Extraordinaria integrada por los ministros Christian Le-Cerf R., Iván Corona A. y la abogada integrante Pía Bustos F.
El fallo establece que el CNAD incurrió en irregularidades graves al no designar un fiscal investigador independiente, lo que convirtió al procedimiento en una “comisión especial”, figura prohibida por la Constitución.
“En este caso, el CNAD actuó como una comisión especial, no se realizó ninguna investigación. No se designó un fiscal ad hoc, y el responsable institucional de la Federación de Gimnasia —quien debía investigar— prácticamente no hizo diligencia alguna", sostuvo el abogado Buré.
"Toda la carga de demostrar los hechos recayó en Cristóbal, lo que es completamente injusto y contrario a cualquier estándar mínimo de debido proceso de esta naturaleza”, agregó.
Para el tribunal, el hecho de que se citara a audiencia sin haber nombrado un fiscal afectó directamente el derecho de defensa del denunciante, y vicia todo el proceso.
En palabras del fallo: “No puede el Comité prescindir de la actuación del responsable institucional y continuar con el procedimiento, más cuando invoca la celeridad e interés del denunciante, quien finalmente resulta perjudicado”.
La Corte determinó que se vulneró la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, y ordenó que el proceso sea rehecho desde el inicio, por un nuevo comité integrado por miembros no inhabilitados.
El rol de Contraloría y el peso de las pruebas
Uno de los puntos más llamativos del caso fue la omisión por parte del CNAD del dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que ya había declarado ilegales los cobros realizados por el entrenador Bruno Decidet.
A esto se sumaban testimonios de otros deportistas, registros de transferencias y antecedentes que daban cuenta de un patrón sistemático de cobros indebidos.
“Es incomprensible que se haya ignorado el dictamen de Contraloría. Incluso podría configurarse un delito. Cristóbal fue marginado de la selección precisamente por negarse a pagar esos cobros, y ese hecho ni siquiera fue controvertido en el proceso”, enfatizó el abogado.
“En ese contexto, cuesta entender por qué no se acogió la denuncia por discriminación, cuando los antecedentes eran tan evidentes”, agregó.
Según detalló Buré, estos cobros no eran aislados ni excepcionales. “El técnico cobraba $100.000 a quienes recibían beca PRODDAR, $140.000 a los del programa Promesas Chile, y además el 30% de los premios obtenidos. Todo eso es completamente ilegal. Él ya está contratado por el Estado, trabaja en recintos públicos como el CAR, y los deportistas son usuarios del sistema. Cobrarles por algo que ya está financiado con recursos públicos no solo es injusto: es una ilegalidad”, aseguró.
Un precedente para los derechos de los deportistas
La decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena marca un hito para los deportistas chilenos, quienes, según el abogado del caso, no cuentan con instancias institucionales confiables para proteger sus derechos.
“Este fallo marca un precedente. Según los registros que manejo, es el primer recurso de protección acogido contra el CNAD y eso abre una puerta muy importante para los derechos de los deportistas”, explicó Buré.
En su opinión, el CNAD carece de una naturaleza jurídica clara: “No se sabe de qué organismo depende ni quién fiscaliza su actuación. En ese contexto, opera sin control. En un sistema donde el deporte fuese importante, debiese existir un Tribunal Deportivo real, porque el CNAD no lo es”, agregó.
Por ahora, el próximo paso es esperar que la sentencia quede firme. Luego de eso, Cristóbal y su familia deberán decidir si reingresan la denuncia ante el Comité —eventualmente con nuevos integrantes— o si optan por llevar el caso a la justicia ordinaria.
“Supimos que hubo cambios en la integración de los jueces del CNAD, pero lo cierto es que en este caso no han dado garantías de un debido proceso”, señaló Buré.
Más allá del deporte: el impacto humano
Mientras el proceso judicial sigue su curso, Cristóbal continúa entrenando por su cuenta en Coquimbo, costeando de forma particular los entrenadores y servicios que antes le proporcionaba el Estado.
A sus 18 años, carga con la frustración de haber sido excluido por denunciar una irregularidad evidente, pero también con el reconocimiento de que su caso puede marcar un antes y un después en el deporte chileno.
“La exclusión del CAR, las amenazas y la falta de respuesta del sistema lo afectaron profundamente. Vivió un estado de desilusión, impotencia y depresión. Pero también supo transformar ese dolor en fuerza”, destaca su abogado.
La sentencia de la Corte de La Serena no repara todavía lo perdido, pero es el primer paso para que se escuche su voz. Y, quizás, para que otros deportistas en su situación sepan que también pueden exigir justicia.
