Embarazada perdió a su bebé porque en hospital de Rancagua no le hicieron exámenes claves: la indemnizarán con $40 millones
Una paciente que cursaba un embarazo avanzado fue atendida en el Hospital Regional de Rancagua con síntomas que requerían monitoreo y diagnóstico urgente.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, pese a estar hospitalizada, no se realizaron las evaluaciones médicas necesarias, no se efectuaron los exámenes recomendados ni se tomó ninguna medida para prevenir complicaciones graves.
Esta omisión de deberes por parte del personal médico y administrativo derivó en el fallecimiento del hijo nonato, que tenía más de 30 semanas de gestación.
La paciente, además, sufrió un grave deterioro de salud, siendo sometida a ventilación mecánica, transfusiones, antibióticos y una cirugía mayor de urgencia.
De acuerdo con el fallo, el centro hospitalario no contaba con protocolos claros para derivaciones clínicas, no hay constancia de atenciones médicas oportunas y se comprobó que se omitió la indicación de hospitalización, la pesquisa de una posible restricción del crecimiento fetal y la inducción de maduración pulmonar del feto.
Todo ello, según la auditoría clínica, hizo que se tratara de una muerte fetal probablemente evitable.
El Primer Juzgado Civil de Rancagua condenó al Servicio de Salud O’Higgins por falta de servicio, señalando que no se brindó la atención que requería de manera “urgente, eficiente y eficaz”.
Esta sentencia fue confirmada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, integrada por los ministros Ricardo Pairicán García, Bárbara Quintana Letelier y el abogado (i) Jaime Lobos Stephani.
“Quedó evidenciado que el Servicio de Salud demandado, a través de su red hospitalaria, no otorgó a la usuaria la atención de salud que requería (...), lo cual derivó en el evento dañoso denunciado”, afirma el fallo.
El tribunal también consideró que la pérdida del embarazo generó un daño emocional profundo en los padres, dada la avanzada etapa de gestación y los vínculos afectivos ya consolidados.
Por ello, se ordenó al Servicio de Salud pagar $20.000.000 por daño moral a cada uno de los padres, sumando una indemnización total de $40.000.000.
