Pescadores artesanales rechazaron categóricamente las explicaciones del senador Felipe Kast sobre el retraso en la tramitación del proyecto de fraccionamiento pesquero que busca redistribuir las cuotas entre el sector artesanal e industrial. El parlamentario, actual presidente de la Comisión de Hacienda, había justificado la postergación acusando descoordinación del Ejecutivo en el manejo de las urgencias legislativas.

En sesión de la comisión, Kast intentó defenderse señalando: "He recibido llamados de 5 ministros distintos para 5 proyectos distintos que tienen discusión inmediata. El nivel de descoordinación que hay, donde recibo llamados como presidente de esta comisión, además por proyectos que ya llevan seis meses esperando".

¿Por qué los pescadores desestiman los argumentos de Kast?

Para Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, estas justificaciones son una estrategia para proteger intereses industriales. "Es grosero que el senador Kast busque responsabilizar al gobierno por retraso en la tramitación de la ley de fraccionamiento. Me parece más bien el resguardo de los privilegios obtenidos por la industria a través de una ley corrupta como es la ley Longueira", aseguró.

Además "siendo senador de la República por tantos años, es inaceptable mezclar los distintos tipos de urgencias. Hay 55 proyectos en estado de tramitación de la Comisión de Hacienda, 46 sin urgencias, 5 con suma urgencia, 3 con simple urgencia, 1 con discusión inmediata, que es el proyecto de ley de fraccionamiento", agregó.

Acusaciones de historial pro-industria contra el parlamentario

Las críticas más contundentes apuntan a un presunto patrón de conductas favorables al sector industrial por parte del senador. "El senador Kast tiene una historia de cercanía con la pesca industrial. Él votó en contra de eliminar el arrastre en el proyecto de ley de la Jibia. Responsabilizar al gobierno tergiversando la información es francamente grosero", afirmó Cortés.

Una situación que se agrava debido a los 12 años de vigencia de "una ley aprobada bajo hechos de corrupción". E por esto que la postergación "es seguir pagando los costos en beneficio de la pesca industrial. La aprobación es un beneficio directo a las más de 100.000 familias que vivimos de la pesca artesanal en todo Chile. Así que señor Kast, póngase las pilas", critica el vocero de la pesca artesnal.

La respuesta del senador ante las movilizaciones

Presionado por las protestas y las intervenciones en la comisión, Kast finalmente se comprometió a tramitar el proyecto: "Quiero poner el de pesca, obviamente, como prioridad, y espero que lo vamos a poner en marzo". Sin embargo, insistió en responsabilizar al gobierno por la demora.

"Voy a hacer un comunicado hoy día (martes 11 de marzo), después de hablarlo con Segpres, para que tengamos un calendario y que todos los pescadores artesanales tengan la tranquilidad de que vamos a ver este proyecto. Y no como ha salido en la prensa, que no lo quieren poner, especulaciones completamente falsas y erróneas", añadió el parlamentario.

El diputado Jorge Brito, quien intervino en la sesión, destacó la urgencia de la situación: "Hay escenas de violencia que nadie quiere ver, pero la verdad es que también hay un dolor acumulado en personas que esperan que el Congreso remedie el daño que hizo la actual ley".

Finalmente, el senador Felipe Kast subió un video a su cuenta de X en la que se comprometió a tramitar el proyecto de ley de fraccionamiento durante el mes de marzo. Además asegurar que los pescadores artesanales fueron "desinformados una vez más por el Partido Comunista y el Frente Amplio".

La importancia del fraccionamiento para las comunidades pesqueras

El proyecto de fraccionamiento busca aumentar significativamente las cuotas asignadas al sector artesanal. Los pescadores demandan "el 70% de la merluza, el 90% de la pesca de jibia y reponer el 30% del jurel" exclusivamente para la pesca artesanal.

Para los dirigentes, esta reforma es fundamental para reparar los daños causados por la actual Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera con la intervención del entonces ministro Pablo Longueira, y que ha sido cuestionada por casos de corrupción vinculados a su tramitación.