La Cámara de Diputados de Argentina aprobó anoche un proyecto de ley, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que impediría la candidatura electoral de quienes tengan una condena ratificada por la Justicia en segunda instancia por delitos de corrupción y podría afectar una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
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Cristina Fernández no podría ir por un tercer gobierno ante proyecto que se lo prohíbe a condenados
El proyecto fue aprobado por 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones, tras una sesión maratónica en la que habló buena parte de los miembros de la Cámara.
Si bien el oficialismo llegaba confiado de obtener los apoyos necesarios en la Cámara de Diputados, el panorama se presenta más complejo en la Cámara Alta, donde el peronismo cuenta con 34 de los 72 senadores y se necesita de una mayoría de 37 curules por tratarse de una reforma electoral.
De aprobarse en el Senado, impediría a la exmandataria y actual referente de la oposición a ser candidata en las elecciones legislativas previstas para octubre próximo.
El jefe del bloque de Unión Por la Patria (peronismo) en la Cámara Baja, Germán Martínez, acusó durante la sesión al oficialismo de impulsar un “acto de proscripción política” contra la expresidenta.
Fernández fue condenada el pasado 13 de noviembre a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la obra pública, aunque el fallo aún puede ser apelado ante la Corte Suprema.
El Gobierno consiguió que el proyecto de 'ficha limpia' fuera debatido ayer en la Cámara de Diputados tras modificar una cláusula que establecía que la condena en segunda instancia debía haberse producido previo al año electoral y que fue reemplazada por otra que extiende la aplicabilidad de la ley a quienes sean condenados 180 días antes de los comicios. EFE.
Cristina apela condena
El recurso extraordinario presentado por la defensa de la exmandataria ante la Cámara Federal de Casación Penal busca anular los fallos dictados en noviembre de 2024 (primera instancia) y en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (segunda instancia).
Esas sentencias encontraron culpable a la expresidenta de irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez.
El fiscal Mario Villar, por su parte, también presentó este jueves una apelación con el objetivo de que Fernández sea condenada por asociación ilícita, lo que, de ser aceptado, duplicaría la pena de seis a doce años de prisión y mantendría la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con el pedido inicial de la Fiscalía en el juicio oral.