Un hombre que había comprado diez parcelas en Algarrobo se dio cuenta, en abril de 2024, de que no podía entrar a sus terrenos.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la vendedora y su hijo habían cerrado el camino de acceso instalando rejas y un portón metálico, bloqueando completamente la entrada.

Esto no solo le impidió llegar a sus propiedades, sino también realizar trabajos básicos, como un levantamiento topográfico necesario para el lugar.

Frustrado, el comprador decidió llevar el caso a la justicia, presentando un recurso de protección en la Corte de Valparaíso.

Su objetivo era recuperar el acceso a sus parcelas, pero el tribunal rechazó su solicitud. Según la Corte de Valparaíso, el problema tenía que ver con una disputa sobre los límites de los terrenos, algo que debía resolverse en un juicio distinto y no con este tipo de recurso rápido.

Sin embargo, el comprador apeló y llevó el caso a la Corte Suprema, que tuvo una opinión diferente. La Corte Suprema determinó que la acción de la vendedora y su hijo —cerrar el acceso sin autorización legal— era un acto ilegal.

Explicaron que bloquear el camino de esa manera violaba el derecho del comprador a usar y disfrutar de su propiedad, un derecho protegido por la Constitución.

En su decisión, la Corte Suprema ordenó a la vendedora entregar las llaves o un control remoto del portón para que el comprador pudiera entrar libremente a sus terrenos.

Además, recordó que si había disputas sobre los límites de las parcelas, estas debían resolverse en tribunales, pero de ninguna manera justificaban cerrar el acceso a los lotes.