Para nadie pasaron desapercibidos los chats que maneja el Ministerio Público y que involucran a la diputada Catalina Pérez con fraude al fisco en el marco de la investigación del denominado Caso Convenios. Y es que en dichos mensajes sale hablando con quien se encuentra en arresto domiciliario en ese contexto, Daniel Andrade.

El expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) -en su momento en Revolución Democrática- y expareja de la congresista por Antofagasta dirigió la Fundación Democracia Viva, a la cual se le traspasó $426 millones desde la Seremi de Vivienda de la misma región.

En ese sentido, hasta hace poco no se vinculaba tan directamente a Pérez con el millonario trato directo, hasta que en noviembre del año pasado la PDI estableció en un informe que ella "habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con este".

Desde entonces, las instituciones han debatido la posibilidad de desaforar a la parlamentaria cuya causa se encuentra en la Corte de Apelaciones y que su revisión se aplazó del 20 de enero hasta el 10 de febrero.

Sin embargo, los últimos mensajes que se conocieron y que posee la Fiscalía Regional envuelven aún más a la integrante de la Cámara Baja con las transacciones irregulares de fondos públicos hasta la fundación que Andrade lideraba.

Carlos Montes, ministro de Vivienda: "Me sorprendió"

Al respecto, el Gobierno se desentendió argumentando que no les corresponde opinar. "He decidido no comentar. Los procesos tienen su propio curso, está metida la Fiscalía y ahora está trabajando muy en profundidad en cada uno de los casos", respondió el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

"Lo que se salió en la prensa en el día de ayer (jueves) y todo lo que se está planteando demuestra que tiene mucha información, y espero que sigan adelante (...) Yo no estoy en condiciones de dar una opinión porque no tenemos la información que tiene el sistema", agregó.

El secretario de Estado también aseguró que "no corresponde, que lo hagamos respecto al desafuero. Yo fui parlamentario. Lo último que quisiera es que desafueren a ningún parlamentario, pero eso depende de los antecedentes y de la gestión que se haga"

"Me sorprende el tipo de diálogo. Yo no tenía idea de eso y que estuviera todo grabado. Porque es una cosa muy personal, de distintas cosas, que tienen que ver con esto (...) Me sorprende una información a la que yo no tenía acceso", manifestó.

"A nosotros no nos corresponde tener acceso a esa información que la Fiscalía solicita a través de sus facultades especiales. Que las comisiones investigadoras del Congreso no tienen, que solamente lo tiene el Ministerio Público, y por eso uno se va sorprendiendo con nuevos antecedentes que van surgiendo", replicó el titular del MINVU.

"Los hechos son de la suficiente gravedad"

Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, agregó que esto "se conoce en el contexto de una solicitud de desafuero que tiene que resolver la Corte (...) solo decir la posición que tenía el Ejecutivo desde el principio de la investigación de este caso: toda la información y hace la responsabilidad efectivas para todos a quienes potencialmente hubiesen cometido delitos".

"Al Gobierno no le corresponde comentar ningún tipo de prueba que esté proporcionando el Ministerio Público, los hechos son de la suficiente gravedad. Lo clave es que el Ministerio Público ha ido avanzando", rescató el exministro de Justicia.

Asimismo, insistió en que "todos los antecedentes que le fueron requeridos al Ejecutivo, al Ministerio de Vivienda, a las autoridades regionales, fueron entregadas. El Consejo de Defensa del Estado intervino, el Ejecutivo le solicitó la intervención sobre declaraciones en específico que forman parte de las pruebas".

"El Ejecutivo no le corresponde hacer la declaraciones. En general los delitos de corrupción dañan la fe pública, da lo mismo que lo hubiese cometido", señaló Cordero.