El sistema de educación superior en Chile enfrenta una de sus mayores crisis, con once universidades sumidas en graves problemas económicos que han derivado en despidos masivos y ajustes drásticos.

Instituciones públicas y privadas intentan mantenerse a flote mientras acumulan deudas millonarias y enfrentan debates sobre las causas de su deterioro financiero.

Universidades al borde del colapso

La Universidad de La Frontera (UFRO) se ha convertido en el epicentro de esta crisis. Con una deuda de $38 mil millones, la casa de estudios de la Región de La Araucanía despidió a 298 personas, incluidos docentes y personal administrativo.

Además, la institución enfrenta cuestionamientos sobre su gestión financiera y administrativa, lo que ha provocado la renuncia de altos directivos, como el vicerrector académico Renato Hunter, quien responsabilizó al rector Eduardo Hebel por la situación.

A pesar de estos problemas, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, descartó el cierre de la UFRO, asegurando que se están tomando medidas para garantizar su viabilidad.

"No hay ninguna posibilidad que la Universidad de la Frontera cierre. Eso no está en los análisis ni en las predicciones de nadie", declaró el ministro, reconociendo que la situación es crítica, pero bajo seguimiento de la Superintendencia de Educación Superior.

En el norte del país, la Universidad de Antofagasta también atraviesa un complicado escenario. Con una deuda de $28 mil millones, la institución decidió despedir a 223 docentes de la Planta de Académicos no Regulares, generando protestas estudiantiles y la toma de sus campus.

La administración justificó la medida como necesaria para garantizar su sostenibilidad financiera.

Ajustes en otras universidades

La crisis financiera no es exclusiva de las universidades estatales. La Universidad Austral (UACh), perteneciente a la Red G9 de universidades públicas no estatales, anticipó el despido de entre 200 y 300 trabajadores para fin de año.

“Es una universidad con una vocación pública, democrática y descentralizadora, y no podemos permitir que eso se pierda. Desde el municipio hemos sido muy enfáticos en transmitir al gobierno y a la superintendencia la necesidad de actuar para proteger este patrimonio”, señaló la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, sobre la situación de la entidad educacional.

La Universidad Alberto Hurtado (UAH), por su parte, desvinculó a 55 empleados en julio, atribuyendo la decisión a los desafíos económicos derivados de su modelo de financiamiento.

En tanto, la Universidad de Magallanes (UMAG) no renovó el contrato de 36 trabajadores, como parte de un plan que también incluye recortes en honorarios y la suspensión de permisos sabáticos.

Estas decisiones reflejan la complejidad de la crisis, que afecta a instituciones de todas las regiones del país.

¿La gratuidad la causa del problema?: Desmentido

El debate sobre las causas de la crisis ha puesto en el centro de la discusión la política de gratuidad en la educación superior.

Mientras algunos exfuncionarios, como el exsubsecretario Juan Eduardo Vargas, han señalado que la gratuidad podría haber reducido los ingresos de las universidades, otros expertos y autoridades, incluido el ministro Cataldo, rechazan esta idea.

Cataldo afirmó que la gratuidad "no ha empeorado ni mejorado la situación económica de las instituciones" y atribuyó los problemas a fallas en la gestión interna.

Por su parte, la Superintendencia de Educación Superior concluyó en su análisis que la gratuidad no tiene un efecto positivo ni negativo significativo en la salud financiera de las instituciones, subrayando que las causas de la crisis son más complejas y multifactoriales.

Una encrucijada para el sistema educativo

Según el reciente informe de la Superintendencia de Educación Superior (SES), 28 instituciones de educación superior se encuentran clasificadas en perfil de riesgo alto para 2024, un aumento frente a las 25 del año anterior.

Sin embargo, el número de estudiantes afectados ha disminuido levemente, pasando de 59.605 a 59.069, lo que representa un 4,6% de la matrícula total en el país.

El informe también señala que las universidades son las más afectadas, particularmente las privadas que no pertenecen al grupo G9.

Las instituciones más pequeñas y los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales presentan los mayores desafíos de sostenibilidad, mostrando patrones de comportamiento financiero oscilantes que dificultan su estabilidad a largo plazo.