La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste salarial para los funcionarios públicos, el cual establece un aumento total del 4,9% que se implementará en tres etapas: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% en junio del mismo año.

Este reajuste beneficiará a más de 930 mil trabajadores del sector público, además de incorporar bonos y aguinaldos permanentes.

Sin embargo, el debate en torno al proyecto también puso sobre la mesa las diferencias en carga laboral entre los sectores público y privado.

Según datos recientes, los trabajadores del sector público toman, en promedio, 25 días de licencias médicas al año, casi el doble de los 13 días promedio de los empleados del sector privado.

Este contraste fue destacado durante la discusión parlamentaria, donde algunos legisladores señalaron que las condiciones laborales más favorables en el sector público generan inequidades, especialmente considerando el contexto de crisis económica que afecta al país.

El reajuste también contempla la permanencia de beneficios como bonos de escolaridad, vacaciones y aguinaldos ajustados por IPC, además de un incentivo al retiro que se extiende hasta 2035.

Entre otras medidas, se fija un límite de edad para el empleo público en 75 años, el cual comenzará a aplicarse en 2027, buscando fomentar la renovación generacional dentro del sector estatal.

El proyecto tiene un costo estimado de $357 mil millones para 2024 y superará los $2 billones en 2025.

Durante la discusión en sala, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que este es el tercer reajuste consecutivo acordado con la Mesa del Sector Público, subrayando que "el incentivo al retiro permite condiciones dignas para los funcionarios y fomenta el progreso de trabajadores más jóvenes".

El proyecto ahora pasa al Senado, donde será revisado en la Comisión de Hacienda antes de su votación final.