En noviembre de 2018, un carabinero que estaba de servicio en la subcomisaría Gómez Carreño de Viña del Mar aprovechó su acceso a la sala de armas para cometer un robo.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, utilizando herramientas, destrabó la puerta y sustrajo una subametralladora UZI, su cargador y cuatro cajas de municiones calibre 9 mm.

Posteriormente, pidió ayuda a un compañero para trasladar los elementos a su casa. Más tarde, el arma fue vendida a un civil.

El caso fue llevado a tribunales y originalmente se condenó a los responsables por "robo de material de guerra", un delito que aplica cuando el objeto sustraído pertenece a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la Corte Suprema revisó el fallo y determinó que este tipo de armas, al ser utilizadas por Carabineros, no califican como material de guerra, ya que dicha categoría es exclusiva del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En su decisión, la Corte Suprema anuló parcialmente la sentencia anterior. El carabinero principal fue condenado a dos años de presidio menor, mientras que su compañero, que actuó como encubridor, recibió una pena de 21 días de prisión, con la posibilidad de cumplirla bajo un régimen de remisión condicional.

Además, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo de sus condenas.