Una de las últimas encuestas de CADEM registró que un 42% de las personas estaría de acuerdo con que el próximo presidente de nuestro país tenga un estilo de “mano dura” contra la delincuencia, similar al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Mediáticamente, el gobierno de Bukele ha estado en la palestra pública porque sus medidas de seguridad habrían reducido drásticamente la delincuencia de su país, especialmente en relación a los asesinatos cometidos casi a diario por las bandas del crimen organizado, conocidas como pandillas o maras.

En Chile, la percepción de inseguridad alcanza actualmente altos niveles históricos. Encuestas como la misma CADEM, la CEP o la ENUSC del INE concuerdan en que la delincuencia es percibida como el principal problema para los chilenos. Asimismo, instituciones que hasta hace un tiempo tenían escaso apoyo público, como las policías o los militares -ya sea por los excesos de fuerza cometidos bajo la Revuelta Social o por los casos de corrupción financiera en sus jerárquías-, hoy en día cuentan con alto nivel de apoyo ciudadano.

Si a lo anterior le sumamos que la clase empresarial chilena utiliza sus medios de comunicación, dígase televisivos, escritos, radiales y/o de redes sociales, para generar miedo en la ciudadanía mediante la exacerbación de noticias ligadas a la delincuencia, tenemos un escenario contextual en el país marcado por la icónica frase del “nos regalan miedo para vendernos seguridad”.

Lo anterior inclusive es reconocido por las mismas empresas de seguridad, como Verisure, que en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó un estudio en 2023 que evidencia un considerable aumento en las compras de alarmas y cámaras de vigilancia por parte de los encuestados, y donde además se estima que 350 mil hogares del país cuentan con al menos un arma de fuego.

En el caso de las políticas públicas, tanto el oficialismo como la oposición han acordado aprobar en el Congreso Nacional una serie de leyes para enfrentar la denominada “crisis de seguridad”, y donde la construcción el próximo año de una nueva cárcel de “alta seguridad” en la comuna de Santiago, sería uno de los puntos altos anunciados por el actual gobierno.

Ahora bien, si queremos establecer metodologías correctas en función de la “percepción social” y los datos “duros” sobre la delincuencia, es importante considerar los reportes centralizados del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que indican que entre 2014 y 2023 los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) disminuyeron un importante 25,2%, pasando de 3.452 a 2.582 casos.

No obstante lo anterior, a partir de los antecedentes expuestos se deben realizar dos importantes aclaraciones. Por un lado, el CEAD se construye con información oficial, proveniente de los organismos públicos encargados de la seguridad, pudiendo siempre existir una “lista negra” de delitos no denunciados. Por otro lado, cuatro de los doce delitos de la categoría DMCS -robo con fuerza, robo con intimidación, violaciones, y especialmente homicidios- han mostrado un considerable aumento en los últimos años.

Lamentablemente estamos en Chile. Un país tan neoliberalizado que, en todo, desde la educación hasta la seguridad, está marcado por un sistema que privilegia el mercado, donde el análisis crítico de los derechos y deberes fundamentales que protegen y sostienen la dignidad de los seres humanos finalmente cede ante la trivialización de unos seres “malos” que desean “quitarte” tus bienes, y otros seres “buenos”, que hoy, marcados por un populismo penal, expresan pública o privadamente sus deseos de venganza ante el malhechor.

Con lo anterior no deseo expresar que un delito no deba ser sancionado. Todo lo contrario, debe serlo, pero siempre cuestionándonos qué hemos hecho como sociedad para “generar” estas situaciones delictivas. Los países que realmente han disminuido drásticamente la delincuencia lo han hecho acortando las brechas sociales, especialmente al interior de los sectores más vulnerables, reforzando la ética entre quienes ocupan posiciones de privilegio y ajustando el eje mercantil del modelo educativo hacia una humanización del mismo.

Solo de esa manera comprenderemos de manera crítica las investigaciones periodísticas que se hicieron públicas este año y que fueron replicadas por diversos medios escritos nacionales y extranjeros, como El País o Infobae, las cuales detallan que la estrategia de seguridad de Bukele inicialmente habría incluido negociar la impunidad de los principales líderes criminales de las pandillas que azolaban a El Salvador.

Cuando el acuerdo se rompió, se puede entrever lo que sucedió. Bukele decretó Estado de Excepción, y tal como señaló a La Tercera el destacado periodista salvadoreño, Óscar Martínez, desde ese momento “cualquier soldado puede restar (arrestar) a una persona que le dé la gana y meterlo en una cárcel, sin ninguna carga probatoria judicial”.

Así, continúa Martínez, “El Salvador tiene más de 80.000 personas encarceladas. Todos los juicios son secretos” y “según la organización Cristosal, al menos 300 personas han muerto dentro de las cárceles y muchos de los cadáveres que han salido tenían señales de tortura”.

Finalizando el periodista que de esa manera el gobierno de Bukele ha transformado a El Salvador “en uno de los países con un régimen autoritario más violatorio de los derechos humanos”.

En conclusión, para quienes están de acuerdo con una bukelización de Chile, basta al menos hacerles una pregunta central: Conociendo ahora los detalles de la estrategia de seguridad de Bukele, ¿sigues de acuerdo con aplicarla en nuestro país?