Un ciudadano venezolano que vive en Chile con su esposa e hija, quienes residen legalmente en el país, enfrentó la posibilidad de ser expulsado.

El Servicio Nacional de Migraciones le ordenó abandonar el país luego de rechazar su solicitud de residencia, a pesar de que había intentado cumplir con los trámites.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, aunque presentó pruebas de su arraigo familiar en Chile, las autoridades no consideraron estos antecedentes al tomar la decisión.

El ciudadano había solicitado la residencia sujeta a un contrato de trabajo, pero por problemas para conseguir una cita y entregar los documentos a tiempo, su solicitud fue rechazada.

Esto llevó a que se emitiera una orden de expulsión, lo que obligó al hombre a recurrir a la justicia para evitar ser separado de su familia.

La Corte Suprema, en un fallo unánime, decidió revocar la orden de expulsión. El tribunal consideró que la decisión del Servicio Nacional de Migraciones fue arbitraria, ya que no tomó en cuenta el hecho de que el hombre tiene una familia en Chile y que había intentado cumplir con los trámites exigidos.

Además, el tribunal señaló que las dificultades para presentar los documentos no eran culpa del ciudadano, sino que fueron causadas por problemas en el sistema de citas para el visado.

Como resultado, la Corte Suprema ordenó que se le dé un nuevo plazo de hasta 60 días al ciudadano venezolano para que pueda presentar todos los documentos necesarios para regularizar su situación en el país.

Durante este tiempo, las autoridades deberán revisar su caso sin la presión de la expulsión inmediata.