Gracias a las iniciativas de la abogada Leonarda Villalobos y del empresario Rodrigo Topelberg, el medio de investigación Ciper, después de validar la información digital recibida por parte de estos últimos, lanzó la bomba que tiene nerviosos a muchos políticos y empresarios de alto nivel, pues los whatsapp del abogado Luis Hermosilla son asaz comprometedores. 

En esta ocasión damos cuenta del negocio inmobiliario de bodegas, en un amplio terreno rural de la comuna de Lampa, conocido como Parque Capital del Grupo Patio de los hermanos Jalaff, importante inversión privada que, en la época en que ejercía Cristián Monckeberg el cargo de Ministro de Vivienda y Urbanismo, no avanzaba con la velocidad requerida por estos audaces empresarios. 

A pesar de que los permisos de edificación para este tipo de proyectos que se ejecutan en terrenos localizados fuera de los límites urbanos son autorizados por los directores de obras municipales (DOM), estos funcionarios deben tener a la vista para iniciar las tramitaciones unos Informes de Factibilidad de Construcción (IFC), los que, después de varios sesudos análisis técnicos, son aprobados por los seremis del Minvu y por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Debido a que los IFC, nótese, son meras factibilidades, estaban demorados en la institucionalidad, el presidente Sebastián Piñera (QEPD) tuvo la genial ocurrencia trasladar a Monckeberg a otro ministerio no relacionado con la materia y en su reemplazo nombró a Felipe Ward como flamante ministro del ramo, pues éste, con sus reconocidas habilidades comerciales, iba a destrabar el proyecto Parque Capital.  

Por razones más que obvias, Parque Capital estaba en la lista de los proyectos radicados en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), inserta en el Ministerio de Economía, cuyos funcionarios operaban con instrucciones precisas para posibilitarlos. Vale la pena recordar que, sobre esta oficina del Ejecutivo, de características puramente mercantiles, ya nos hemos referido críticamente en el pasado en algunas columnas de prensa.

Ward cumplió a cabalidad el mandato de Piñera y utilizando a su obediente jefe de gabinete, Gonzalo Vega, enviaba mensajes a Manuel José Errázuriz, entonces seremi de Vivienda y Urbanismo, para que éste buscara fórmulas ingeniosas con el propósito de "apurar" el negocio de los Jalaff, apadrinados, como buenos amigos, por el abogado penalista Luis Hermosilla.

La prensa ya ha informado que Errázuriz le enviaba a Hermosilla whatsapp informándole los números de las aprobaciones de los IFC, lo que el abogado recibió con suma gratitud. Los lectores informados saben que este tipo de presiones son habituales en Chile, pues ganar a todo evento es el motivo primigenio en el sistema de mercado.  

Pues bien, conforme a la resolución exenta N° 557, de fecha 7 de mayo de 2024, publicada el 14 de mayo de 2024 en el Diario Oficial, firmada por Carolina Casanova, actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, es un acto administrativo que "complementa criterios regionales para cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales de la región metropolitana de Santiago no originen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal".

Asunto que se rige por el  artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y por el instrumento normativo denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) vigente desde el año 1994, se modificaron las reglas del juego para este tipo de inversiones, documento que deberían conocer los empresarios que incursionan en este tipo de negocios.   

Ya que estamos hablando de movidas en el ámbito de los territorios, le preguntamos a Felipe Ward qué razón tuvo para que en 2018, bajo su administración como ministro de Bienes Nacionales, se perdieran 2.360 hectáreas del Parque Nacional Patagonia de 309.445 hectáreas, creado el 26 de enero del 2018 y que, tiempo después, esas 2.360 hectáreas aparecieran como terrenos adyacentes a dicho Parque, bajo tutela de la minera australiana Equus, empresa que presentó en septiembre de 2021, para su proyecto Los Domos, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en la institucionalidad ad hoc. 

Sobre este asuntito Ward, reconoció el 4 de marzo del 2019 ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado, las malas prácticas cometidas en la re administración del Parque Nacional Patagonia para favorecer a la indicada minera: en esa ocasión, acusó presiones indebidas de parte del Ministerio de Economía (sic) con el objetivo de introducir el proyecto minero al Parque, pero apartando 2.360 hectáreas.

Esta arbitraria situación fue denunciada por los fundadores de la Corporación Costa Carrera en el año 2020 y el reciente 16 de abril de 2024, su representante Andrés Gillmore, interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional de Coyhaique, instancia que dirige el fiscal Carlos Palma, el mismo que discute con el pololo de la Suprema Ángela Vivanco, pues consideraba que era improcedente la reducción territorial del parque, para facilitar una actividad productiva que generaba diversos impactos ambientales, más encima si estamos hasta ahora ante un hecho impune. 

El mismo Gillmore le informó a este columnista que la mencionada Comisión de Medio Ambiente del Senado, después de escuchar la autoinculpación de Ward, nunca ejerció sus atribuciones para dilucidar las ilegalidades cometidas, lo cual es demostrativo de que los senadores no querían importunar al susodicho ministro. En todo caso podría ser posible que el fiscal Carlos Palma decida hacer su pega y si así fuese se conocerían las motivaciones que tuvo Ward, suponemos que, obedeciendo órdenes de terceros, para reducir la superficie del Parque Nacional Patagonia.

Pero como recientemente la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación en contra de Ward por su relación con Parque Capital, quien tendría la calidad de imputado, sería razonable que el fiscal lo confronte con el denunciante Gillmore con el objetivo de conocer la pura y santa verdad en el episodio de la minera Equus. Así las cosas, este ministro de Piñera tendrá que defenderse en dos frentes judiciales y por ello sus abogados deberán demostrar, en Aysén y en Santiago, que Ward era un funcionario público siempre cumplidor de las instrucciones superiores que recibía. 

En conclusión, las instituciones públicas "competentes" tendrán que ejercer mejor sus funciones para evitar la repetición de la lucrativa actividad del factoring con facturas falsas y queda claro que si la abogada bolivariana Villalobos no hubiera grabado la conversación reservada en la elegante oficina de su colega Hermosilla, no sabríamos de la existencia de ella misma, ni de los hermanitos Sauer, ni del infidente Topelberg, como tampoco de los otros hermanitos Jalaff, comunicando a los lectores de este medio que próximamente publicaré otra columna, en la cual relataré la historia fidedigna del extenso terreno rural de la comuna de Lampa. 

Crédito de la fotografía: Agencia Uno