Funcionarios de Cesfam acuden a Corte por no tener guantes ni jeringas para atender a 148.000 vecinos
Funcionarios de la salud municipalizada en Recoleta han llevado a la justicia un reclamo en contra de la Municipalidad de Recoleta, exigiendo mejoras urgentes en el CESFAM Patricio Hevia.
El recurso de protección fue declarado admisible por la Corte de Santiago, luego de que la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de Recoleta (AFUSAR) presentara una denuncia detallando las condiciones insalubres y precarias en las que se encuentra el centro de salud.
El CESFAM Patricio Hevia atiende a una extensa población de más de 148.000 habitantes en un área de 16 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, según AFUSAR, el centro de salud opera en condiciones que califican como "inhumanas".
En su denuncia, los trabajadores destacan una grave escasez de personal y recursos médicos, lo que ha obligado a reubicar a gran parte del equipo en espacios improvisados y poco aptos para el trabajo sanitario, como unidades vecinales y una parroquia.
Entre los problemas más críticos señalados por los funcionarios está la falta de insumos médicos básicos, como guantes, jeringas y medicamentos esenciales.
La situación ha llegado a tal punto que algunos pacientes, descompensados por la falta de atención oportuna, han reaccionado con violencia hacia el personal de salud.
Además, las instalaciones del CESFAM presentan un avanzado deterioro, con techos en mal estado, baños inutilizables y espacios insuficientes para brindar atención médica adecuada, lo que ha obligado a los profesionales a realizar procedimientos en pasillos y otros lugares no adecuados.
Uno de los episodios que más agrava la crisis ocurrió en 2024, cuando se iniciaron reparaciones en el techo del CESFAM sin previo aviso, lo que dejó a los funcionarios expuestos a las inclemencias del clima.
A esto se suma la falta de un generador eléctrico operativo, lo que pone en peligro no solo la atención a los pacientes, sino también la correcta conservación de medicamentos y vacunas.
La Asociación de Funcionarios sostiene que, a pesar de haber realizado múltiples solicitudes al Departamento de Salud del municipio para resolver estas deficiencias, no han recibido respuestas satisfactorias, lo que ha generado un ambiente laboral de alto estrés y ha afectado la salud física y mental de los trabajadores.
La Corte de Santiago declaró admisible el recurso de protección y solicitó al municipio que entregue un informe en un plazo de cinco días para aclarar la situación.
Sin embargo, la decisión no fue unánime. La abogada integrante Vásquez votó en contra, argumentando que no se habían presentado elementos suficientes que acreditaran una vulneración de derechos constitucionales.
