El Ministerio de Educación se encuentra bajo escrutinio tras la revelación de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó graves irregularidades en la rendición de cuentas de más de $78 mil millones de pesos en fondos públicos transferidos entre 2007 y 2023.

Ante esta situación, la Subsecretaría de Educación ha ordenado el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades detrás de estas anomalías.

El informe de la CGR expuso que al cierre del año 2023, un total de $78.737 millones en recursos públicos no había sido debidamente rendido, afectando principalmente a la Subsecretaría de Educación y a la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, quienes son responsables de la mayor parte de estos fondos.

Los montos estaban destinados a diversos programas educativos y sociales, como transporte escolar rural y la formación de adultos, entre otros, pero la falta de comprobantes sobre el uso de estos fondos ha generado preocupación en torno a la gestión y control dentro del ministerio.

La subsecretaria Alejandra Arratia, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública, destacó que se están implementando nuevas medidas de control interno y transparencia para evitar que estas situaciones se repitan.

Asimismo, aseguró que el sumario administrativo buscará esclarecer los hechos y tomar las acciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la identificación de $33.821 millones que fueron transferidos a personas fallecidas, lo que evidencia serias falencias en el control de las transferencias y en la verificación de los beneficiarios.

Además, se reportaron omisiones en los datos de las entidades receptoras y una falta de claridad en cuanto a las unidades responsables de revisar y aprobar las rendiciones de cuentas.