“Permisología” es el término que se ha usado para hablar de la burocracia en torno a la tramitación de proyectos de inversión, y a raíz de eso se está votando en el Congreso una reforma a la Ley de Bases del Medio Ambiente. Ahora, 200 organizaciones ambientales alertan que la reforma con las modificaciones actuales se convertiría en un “traje a medida” para inversionistas.

Según la declaración conjunta firmada por movimientos territoriales, comunidades indígenas y ONGs ambientalistas, se declara que el proyecto que era esperado como una mejora a los estándares de protección ambiental, con las indicaciones presentadas “limita el control del estado sobre el patrimonio natural del país” y “entrega un poder desmedido a los intereses económicos”.

Las organizaciones identifican 10 puntos perjudiciales en la reforma presentada, como la aceleración de tramitaciones de proyectos elegidos con criterio político por el gobierno de turno o la creación de un procedimiento especial para modificar proyectos a través de declaración jurada, sin que sean revisadas previamente por la administración del Estado.

También mencionan que se limita el rol del Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación de proyectos y en la Evaluación Ambiental Estratégica, que se elimina la opción de revisar proyectos si surgen impactos no considerados o acumulativos, y que se restringe la injerencia de gobiernos regionales y municipalidades en la evaluación ambiental.

Entre las organizaciones firmantes hay desde comités ambientales comunales, comunidades indígenas y ONGs territoriales, hasta organizaciones con presencia nacional e internacional especializadas en derecho ambiental y políticas públicas.

“Este proyecto no va a beneficiar al medio ambiente ni los derechos de las personas. Está hecho con la lógica de favorecer ciertos intereses económicos poderosos, cuestión que a la larga genera mayor conflictividad y menores posibilidades de desarrollo efectivo”, explica Ezio Costa, abogado y director de la ONG FIMA, una de las firmantes.

Debilitar en vez de fortalecer

Las organizaciones plantean que la reforma era una oportunidad para fortalecer con recursos humanos y económicos a los organismos técnicos que se especializan en evaluación ambiental, y que se aprovechó para debilitar la evaluación y flexibilizar la protección del medio ambiente.

“Para brindar certeza y eficiencia tanto a los inversionistas como a la población, el sistema ambiental chileno necesita inversión y fortalecimiento de sus estructuras. Se requieren más recursos, tanto técnicos como humanos, una solución que todos reconocen, pero que nadie parece dispuesto a asumir”, reclama por su parte la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.

La declaración cierra con un llamado al MMA a quitarle urgencia legislativa al proyecto, y al Estado a fortalecer la institucionalidad ambiental con recursos humanos y financieros.

¿Permisología?

El proyecto se presenta en el marco de un debate sobre la cantidad de permisos necesarios para proyectos de inversión.

Al respecto, la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha destacado que la mayor demora en la evaluación ambiental de proyectos se da cuando los titulares solicitan la suspensión de plazos para responder a organismos con competencia ambiental.

“Los proyectos que están bien elaborados y con un buen relacionamiento comunitario tienden a fluir en su evaluación”, ha declarado la directora del servicio, Valentina Durán.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, también ha manifestado su rechazo al término “permisología”, asegurando que aborda de manera peyorativa la existencia de regulación estatal para el desarrollo de actividades.

 “La regulación es clave para establecer las condiciones de cómo queremos desarrollarnos como país, y para dar certezas, tanto a los inversionistas como a las comunidades”, se expresa desde el Ministerio. 

También han declarado que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene plazos legales estrictos de tramitación y los proyectos se entienden por aprobados si el servicio los incumple.