La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había acogido el recurso de protección presentado por un cabo 2º de Carabineros.

Este funcionario, perteneciente a la 20ª Comisaría de Puente Alto, había sido desvinculado de la institución por "conducta mala", una sanción aplicada de manera inmediata por el Prefecto de la Prefectura Santiago-Cordillera.

El cabo, con cinco años y un mes de servicio en Carabineros cuestionó la legalidad de su expulsión.

Argumentó que la medida se tomó sin cumplir con el requisito de suspender el procedimiento disciplinario hasta que se resolviera una causa penal en su contra, como lo estipula el artículo 84 ter de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros.

Además, denunció que la decisión se adoptó sin un sumario administrativo previo, contraviniendo las normas establecidas en el Reglamento de Disciplina de la institución.

El origen de su desvinculación fue un procedimiento relacionado con una acusación de abuso sexual de un menor, por la cual el cabo fue sometido a prisión preventiva el 2 de noviembre de 2023.

Pese a ello, la Prefectura Santiago-Cordillera, a través de una resolución exenta firmada por el Coronel Juan Carlos Gibert Payahuala el 10 de noviembre de 2023, decidió su baja inmediata, alegando la gravedad de los hechos y la inconveniencia de mantener al funcionario en la institución.

El recurso presentado por el cabo fue inicialmente acogido por la Corte de San Miguel, que consideró que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y la igualdad ante la ley.

Sin embargo, la Corte Suprema revirtió esta decisión, argumentando que la medida disciplinaria aplicada es condicional y está sujeta al resultado final del sumario administrativo, lo que permite su eventual revisión o revocación.

El máximo tribunal dejó claro que, aunque la baja se aplicó de inmediato, no es definitiva, y su ratificación dependerá de los resultados del procedimiento disciplinario que está en curso.