Desde 2021 hasta la fecha, ha habido 31 accidentes graves en el rubro de los buzos que se dedican a la actividad pesquera y acuícola en Chile. Seis de estos casos resultaron en muerte, siendo uno de los rubros con altas cifras de fatalidad.

En paralelo, los casi 30 mil buzos que trabajan en el país no estaban sujetos al Código Laboral, dando más informalidad al sector. Esta semana, la ministra del trabajo Jeannette Jara presentó un proyecto de ley que reconoce el trabajo de buceo y otorga mayor seguridad y salud laboral.

El proyecto reconoce el contrato de trabajo de buceo y actividades conexas bajo el Código del Trabajo y obliga a los empleadores a entregar todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para el trabajo.

Malas prácticas y enfermedad

El proyecto de ley además obliga a las empresas a controlar los tiempos de inmersión a los que se someten los empleados y a registrar el buceo repetitivo, con un registro electrónico que dé cuenta de las inmersiones y los tiempos de descanso y estableciendo mínimos.

Esto busca remediar el historial de malas prácticas registrado, por ejemplo, en la industria salmonera, donde exceder los tiempos de inmersión o repeticiones permitidas ha llevado a los buzos a tener problemas por los cambios de presión y desarrollar una enfermedad inhabilitante.

Se trata de la osteonecrosis disbárica, una enfermedad que se ha registrado con cada vez más frecuencia entre buzos salmoneros y que corroe los huesos, produce dolores debilitantes y limita el movimiento. A medida que avanza puede destruir los huesos completamente y la persona que la padece puede quedar postrada.

Según médicos entrevistados en un reportaje del medio Ladera Sur, la enfermedad es causada por las malas prácticas laborales, por no respetar las tablas de decompresión del buceo. Además, una encuesta de la Superintendencia de Seguridad Social da cuenta de que los buzos se ven obligados por empleadores a realizar estas prácticas.

Origen de la propuesta

En mayo de 2023, la Dirección del Trabajo cursó 15 multas por un total de $110 millones a salmoneras de Aysén y Los Lagos por incurrir en prácticas que ponen el riesgo la salud de los buzos. Detectaron en 25 empresas buceo sin bitácoras de inmersión, salteándose descansos reglamentarios o usando equipo no certificado.

Otro gatillante fue el trágico accidente de Kateryn Pérez Moraga, una mujer de 30 años que trabajaba para una contratista salmonera en Punta Arenas y falleció en su trabajo en agosto de 2022.

Este programa dio paso a fiscalizaciones en el sector y a un proceso de diálogo social tripartito durante 2023, entre empleadores, trabajadores y el Gobierno para instruir la elaboración de la ley.