Tanto en La Moneda como en el Congreso el diagnóstico es compartido: existe una desconexión entre el gobierno y parlamentarios del sector, lo que preocupa (y no poco) a los líderes del progresismo y en especial al Presidente Gabriel Boric. 

Aunque desde un inicio de esta administración la relación entre el gobierno, el bloque PC-Frente Amplio y el Socialismo Democrático fue compleja, hoy diferentes cuadros aseguran en la interna que las relaciones están a tal punto de tensión que la situación puede poner en peligro las reformas clave que el Ejecutivo impulsa. De hecho, algo de esto ya se está viendo. 

En las últimas tres semanas diferentes temas han distanciado a sectores del oficialismo y al gobierno. La reforma electoral, el alza en las tarifas eléctricas, el allanamiento en Villa Francia y el cierre del penal Punta Peuco son algunas de las controversias que han generado fricción al interior de las fuerzas oficialistas.

Según aluden parlamentarios que pertenecen a la alianza de gobierno, la principal responsabilidad recae en los ministros quienes han fallado en “bajar” de forma oportuna las ideas del Ejecutivo antes de que estas se hagan públicas. Esta situación, de acuerdo al juicio de los mismos parlamentarios, es lo que provoca que el gobierno se vea constantemente enfrentado en público con parlamentarios de su mismo sector. 

“En el último tiempo se ha visto improvisación y descoordinación entre los partidos que son parte del oficialismo con el gobierno. Lo que evidentemente responde a falta de comunicación eficaz y oportuna, y diálogo”, sostiene a El Desconcierto el diputado Raúl Soto (PPD). 

Pero ¿quién es el responsable de aunar fuerzas? Ahí los diagnósticos difieren según a quien se le pregunte. De acuerdo a fuentes de palacio y algunos líderes de bancadas oficialistas, la situación pasa por el “extremo personalismo” de algunos parlamentarios, sobre todo diputados, que estarían en busca de “foco” de cara a buscar la reelección en 2025. 

Esto, estaría ocasionando que una parte importante del oficialismo se descuelgue de las posiciones acordadas entre los partidos y el gobierno. 

Cortocircuito entre gobierno y sus diputados

El ejemplo más claro de esto, dicen las voces que critican a los diputados “no alineados”, es la polémica por el alza en las cuentas de luz. A pesar de que en abril de este año se había aprobado el proyecto de ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas —con apoyo de la gran mayoría del oficialismo en ambas Cámaras— a medida que se acercaba la fecha del alza, muchos parlamentarios desconocieron lo legislado y apuntaron a La Moneda, y en especial al ministro de Energía, Diego Pardow. 

La bancada Independientes-PPD, por ejemplo, anunció la semana pasada un recurso de protección para detener las alzas. También, diputados del Frente Amplio, PPD e incluso la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC) integraron la llamada “bancada eléctrica” junto a pares de la oposición para presionar al gobierno a llegar al Congreso con nuevas propuestas. 

Y aunque Pardow logró contener el creciente descontento de sus filas, según pudo averiguar El Desconcierto, el grupo de diputados sigue estudiando la posibilidad de presentar un proyecto para renegociar los contratos con las empresas suministradoras, idea a la que el gobierno se opone tajantemente. 

Por otra parte, está el debilitamiento de la relación entre Pardow y las fuerzas oficialistas en la Cámara. Hace algunas semanas fue de público conocimiento el cruce entre Cariola y el titular de Energía. La diputada acusó que no se entregó toda la información respecto a los porcentajes de las alzas en la tramitación de la ley que descongeló las tarifas, lo que fue negado rotundamente desde el Ejecutivo. 

En Ministerio de Energía resintieron la arremetida de la presidenta de la Cámara, sobre todo, porque la tesis fue posteriormente ocupada por la derecha para atacar al ministro. 

Desorden en votaciones

Otra situación que ha comenzado a replicarse es el desorden en las votaciones importantes. Esto se ha dejado ver con claridad en la tramitación de la reforma electoral que habilita que la elección de gobernadores y alcaldes sea en dos días, y que regula la propaganda radial y en redes sociales, junto al recorte de los recursos por concepto de reembolso de votos a candidatos y partidos. 

La ley, que en los cálculos iniciales del gobierno ya debería haber estado aprobada a estas alturas, sigue entrampada luego de que el Senado rechazara las enmiendas hechas por la comisión mixta. 

Lo llamativo es que a lo largo de la tramitación ha sido la oposición el sector que ha respaldado mayormente las proporciones del gobierno. En el Senado, por ejemplo, fue el oficialismo el que hizo caer la indicación del Ejecutivo que buscaba ahorrar 30 mil millones por concepto de reembolso de votos a candidaturas. Luego, en la Cámara, entre diputados de gobierno y de la DC (no oficialistas, pero sí aliados) le quitaron el piso a la multa por no votar dejando el sufragio prácticamente como voluntario. Y por último, nuevamente en la Cámara Alta, los senadores de la alianza de gobierno fueron los que no dieron los votos para que se aprobara el proyecto debido a que no querían que el voto migrante estuviera asociado a la multa. 

“Aquí no se trata sólo de que los ministros puedan alinear a los partidos que son afines al gobierno. La primera responsabilidad siempre es del Ejecutivo, que tiene que conversar más con sus parlamentarios y parlamentarias”, dice sobre esta situación el diputado Raúl Soto (PPD). 

Distancia con las fuerzas bases

Cuando Gabriel Boric llegó a La Moneda su fuerza base era lo que se conoció en su momento como Apruebo Dignidad, bloque compuesto por diferentes sectores del progresismo pero que tenía como protagonistas al PC y el Frente Amplio. 

Hoy, a más de dos años del hito, dicha coalición ya no existe y las posiciones —sobre todo la del PC— se han distanciado de La Moneda. 

El Partido Comunista, por su parte, ha sido la tienda que más diferencias públicas ha tenido con el Ejecutivo durante las últimas semanas. La formalización del alcalde Daniel Jadue (quien compitió en primarias con el Presidente Boric), la desvinculación del histórico militante comunista del Ministerio del Interior y el allanamiento en Villa Francia han sido los episodios que han enfrentado al partido liderado por Lautaro Carmona y La Moneda. 

Y aunque Carmona ha insistido en que las diferencias no son tales, en el oficialismo (en incluso al interior del PC) incomoda esta manera confrontacional de llevar la relación. 

Incluso, la ministra del Interior, Carolina Tohá reconoció “diferencias complejas” con el PC respecto a situaciones vinculadas a materia de seguridad. 

Otros diputados oficialistas, aunque no con la misma intensidad que el PC, también han tenido discrepancias con el Ejecutivo. Uno de los flancos de conflicto ha sido el cierre del penal Punta Peuco lo que fue un compromiso de campaña del Presidente Boric. 

Sin embargo, un reciente oficio del Ministerio de Justicia descartó que el gobierno vaya a avanzar en esta media. 

Por lo mismo, un grupo de diputados de Acción Humanista, Frente Amplio, Partido Socialista y PC enviaron una carta al mandatario para insistir en la necesidad de cerrar el recinto penitenciario o, por lo menos, que sea readecuado para otro tipo de internos. 

“Entendiendo la situación de hacinamiento en las cárceles del país, nos parece que concretar el traslado de los actuales internos a algún módulo que se habilite especialmente para ello en una cárcel común es una medida importante y prioritaria. Precisamente aquí es donde está el meollo del asunto: es inentendible que actualmente exista un penal de privilegio en donde residan quienes están condenados por cometer la peor clase de crímenes de nuestra historia. Por eso es necesario que se reconsidere el uso que actualmente tiene el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco”, dijo el diputado Juan Santana.

Crédito foto: Agencia Uno