La semana distrital que se aproxima le cae como anillo al dedo al Ejecutivo. Tras meses de tramitación, fricción e incluso “rebelión” de parlamentarios oficialistas, parecía que el miércoles de esta semana iba a ver la luz el proyecto de reforma al sistema electoral que presentó el gobierno. Sin embargo, un alcance de último momento relacionado al voto migrante trabó el asunto, por lo que La Moneda se vio en la obligación de anunciar un veto presidencial que, en esta semana que viene, se definirá sus alcances. 

Así lo anunció el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, quien afirmó que los “alcances” del veto serán estudiados y definidos por su equipo esta semana del 15 de julio. 

Pero esta situación, según aluden parlamentarios y personeros de la Segpres, puede ser un arma de doble filo. Por un lado se da un espacio para socializar el contenido del veto con el oficialismo para que se cuadre —cosa que ha costado las últimas semanas—, y por otra da una mayor capacidad de diálogo con la oposición. No obstante, los plazos ya son acotados. De hecho, el Servel había advertido que, por temas logísticos, lo ideal hubiese sido que la iniciativa se promulgara hace dos semanas atrás. 

En ese sentido, Elizalde aseguró en conversación con Sonar que “los plazos legislativos son relativamente cortos” y que el ‘deadline’ es la inscripción de candidatos; hito fechado para este 27 de julio. 

Respecto al contenido del veto, que será de carácter aditivo, es decir, para agregar contenido; el ministro adelantó que “la idea es incorporar una sanción para los ciudadanos y ciudadanas que no ejerzan su obligación conforme lo establece la Constitución” para así dar fin a la polémica sobre el voto extranjero y obligatorio. 

De todas formas, en todo el espectro político coinciden en que la situación es compleja, por no decir crítica. El ejecutivo no se puede permitir un nuevo revés en ninguna de las dos Cámaras y debe aunar fuerzas en el oficialismo que ya dos veces ha ido en contra del planteamiento del gobierno. Además, está el factor de la oposición que, ante cualquier diferencia, puede hacer caer la legislación. 

Cómo se enredó la reforma

El pasado 9 de abril de este 2024 la Segpres ingresó el proyecto para permitir que la elección de alcaldes, concejales, gobernadores y Cores se realizara en dos días. La iniciativa se dio en respuesta a la petición del Servel debido a que el padrón experimentará un alza significativa debido al voto obligatorio y que en estos comicios se utilizarán cuatro papeletas. 

Pero, además de extender a dos días la votación, el proyecto también incluía otros aspectos de reforma al sistema electoral. El primero, y que generó polémica desde un inicio, fue el recorte de los montos que se les devuelve a los candidatos y partidos por los votos obtenidos. 

La propuesta del Ejecutivo era ahorrar unos $30 mil millones rebajando el reembolso a candidatos de $1.500 a $975 por cada voto, mientras que para los partidos la disminución  sería de los $560 a los $375.

En el contexto de discusión de esta indicación en el Senado fue que el gobierno recibió el primer revés desde el propio oficialismo. La indicación, que necesitaba de 29 votos para avanzar, solo recibió 25 apoyos. Y llamó aún más la atención que senadores como Jaime Quintana (presidente del PPD) o Paulina Vodanovic (Presidenta del PS) no la apoyaran. 

Voto obligatorio y factor migrante

Cuando el Senado remitió a la Cámara el proyecto de reforma asomaba como principal preocupación para el gobierno el eventual debate por el reembolso de votos. Pero pese a los pronósticos, la indicación fue respaldada transversalmente. No obstante, un nuevo escollo se presentó: la multa para quienes no votan. 

Por 54 votos en contra, 74 a favor y 7 abstenciones, se terminó por rechazar el monto de la multa, al no alcanzar el quórum requerido. Por lo tanto, el voto, en términos concretos, quedó como voluntario al no asociarse una multa a no ejercer el derecho a sufragio.

Quiénes rechazaron la indicación se excusaron en que el monto de la multa que se proponía en el proyecto era muy alto y puede afectar a sectores de escasos recursos. Pero aludieron a que la materia podía revisarse en una eventual comisión mixta, y así ocurrió. 

El Senado rechazó las indicaciones de la Cámara por lo que se conformó una comisión mixta con diputados y senadores de las respectivas comisiones de Gobierno. Ahí el tema se zanjó rápidamente; el monto se rebajó de las 0,5 a 3 UTM, es decir, entre $33.000 y $200.000, a 2 UTM como máximo, lo que equivale a $131.000. 

Sin embargo, Elizalde hizo un último alcance a último momento que trabó todo. El ministro hizo el punto en que la ley mencionaba que los “electores” que no votaran serían serían sancionados, cuando lo que la Constitución ordena es que son los “ciudadanos” quienes están obligados a sufragar. Es decir, a juicio del titular de Segpres, a los extranjeros no se les podía imponer multa. ¿El problema? Elizalde llegó tarde a la comisión y expuso cuando la norma ya había sido votada. 

La situación trajo consigo que el Senado, nuevamente con rechazo del oficialismo, hiciera caer el informe de la mixta, por lo que el proyecto quedó en el limbo. 

Ahora, a través del veto aditivo, el Ejecutivo busca por fin hacer prosperar la ley.