Durante la tarde de este miércoles, el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), pidió al gobierno la creación de un Programa Nacional de Protección a Víctimas, Testigos, Jueces y Fiscales.

La petición se fundamenta en ciertas complejidades que se presentan al momento de investigar un caso de crimen organizado, por lo que la iniciativa garantizará el resguardo de los actores del proceso penal.

Fue a través de un oficio enviado directamente al presidente Gabriel Boric que el parlamentario formalizó la petición.

Flores expresó que busca “elevar a política de Estado esta acción necesaria para avanzar en las investigaciones complejas como el crimen organizado, que lamentablemente ya clavó la bandera en nuestro país, protegiendo realmente a los testigos, contando con recursos necesarios y bajo el paraguas de un Programa Nacional.”

El senador por la Región de Los Ríos no negó la existencia actual de recursos, sin embargo, “no tenemos institucionalmente en Chile un Sistema Integral que cuente con los recursos necesarios, tal como ocurre en otros países".

En cuanto al Ministerio Público (MP), los recursos y su institucionalidad no le permiten respaldar suficientemente la seguridad de los actores en calidad de testigos.

"El MP cuenta con un Fondo de aportes económicos para víctimas y testigos que puede utilizar para (...) proteger a víctimas y testigos, sin embargo, esta institucionalidad resulta ser absolutamente insuficiente para garantizar la protección de todos los intervinientes que lo necesiten y especialmente en causas contra el crimen organizado", expresó el senador.

Luego, se refirió a las posibles consecuencias que la desprotección a los testigos puede provocar durante una investigación penal.

“Si el Estado no asegura brindar una protección eficiente tanto a quien interviene en el proceso como a sus familias, el problema que se puede suscitar es que no tendremos testigos, jueces ni fiscales que puedan sustanciar los procesos.”

En concreto, algunas de las garantías que podría incluir el proyecto serían "proporcionar un viático, brindar cupos preferenciales en los colegios locales en caso de haber estudiantes, insertar a los adultos en el mercado laboral, entre otras medidas", indicó Flores.

Respecto a las autoridades judiciales y al ente persecutor, también "debe asegurar que el trabajo de jueces y fiscales se desarrolle con plena seguridad para ellos y sus familias.”

El parlamentario finalizó citando ejemplos internacionales dentro del mismo continente como es el caso de Argentina y Colombia.

“En el Derecho comparado latinoamericano es posible observar el caso de Colombia, que tiene un Programa de Protección para Víctimas y Testigos, o el de Argentina con el Programa Nacional de Protección a Testigos", finalizó.

*Créditos de la imagen: Agencia Uno.