En su última cuenta pública, el presidente Gabriel Boric volvió sobre dos de sus compromisos de campaña, los cuales trascienden la esfera pública y motivan la pulsión política sobre el valor de la vida. Por una parte, propuso que, durante el segundo semestre de este año, ingresará un proyecto de ley de aborto legal.

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Por otra parte, pondrá urgencia e impulsará el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado (Boletín n°7736-11, refundido con los boletines números 11577-11, 11745-11 y 9644-11).

No es extraño, sin embargo, que ambos temas puedan ser comentados de forma conjunta. Comparten, como dijo Dworkin en Life’s Dominion (1993), los extremos de la vida en que se elige la muerte: en el aborto se mata deliberadamente a un embrión humano en desarrollo, pues se elige la muerte antes de que comience la vida; en la eutanasia se mata deliberadamente a una persona por benevolencia, ya que se elige la muerte después de que haya terminado la vida.

Pero, en ambas situaciones, considero pertinente focalizar el debate en la autonomía actual y real de las personas: ya sea en la autonomía reproductiva de la mujer, en el primer caso, como en la autonomía del paciente, en el segundo caso. Como se verá, entonces, ambos casos son cuestiones de derechos.

En el caso del aborto, la objeción de conciencia sobre las tres causales -incorporada por el Tribunal Constitucional- y las condiciones sanitarias, sociales y contextuales de las mujeres pueden ser calificadas barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El asunto, entonces, está en proteger el interés actual de la mujer por sobre intereses potenciales del feto, ya que este último no es persona.

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Por ello, la justicia reproductiva exige la legalización del aborto sin causales dentro de un plazo determinado (esto último, como lo hace, por ejemplo, Uruguay a través de la Ley n°18.987) por una parte, porque se evitarían interrupciones clandestinas, ofreciendo condiciones de seguridad, dignidad y apoyo; por otra parte, porque permitiría que las mujeres adopten sus decisiones de manera informada y autónoma. Por eso, como dijo el Presidente, “las mujeres de Chile merecen su derecho a elegir”.

La eutanasia, por otra parte, emerge como un tema relevante en el contexto de la autonomía de los pacientes y su derecho al buen morir. El debate, entonces, debe estar focalizado en la capacidad de las personas de decidir voluntaria e intencionalmente poner fin a la vida.

Aunque en Chile las discusiones muchas veces se confunden con pretensiones morales sobre el carácter sagrado de la vida, jurídicamente la eutanasia pone su atención en el derecho a una vida digna, lo que supone, por cierto, el derecho a una muerte digna. Esto ha provocado progresivamente su legalización en varios países.

Cabe mencionar, por ejemplo, Países Bajos (2002), Luxemburgo (2009), Colombia (2014), Canadá (2016), España (2021) y recientemente Ecuador (2024) a través una sentencia del pleno de la Corte Constitucional del Ecuador (sentencia 67-23-IN/24), que declaró la constitucionalidad condicionada del homicidio simple y será constitucional siempre y cuando no se sancione a ciertas personas, en determinadas condiciones, abriendo la posibilidad de que pacientes puedan acceder a la eutanasia.

Como se puede evidenciar, el tema está en el respeto a la autonomía del paciente y su derecho a un buen morir.

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Ambas propuestas del presidente Boric están en sintonía si lo que se quiere proteger es la autonomía de las personas con enfoque de derechos. En ambos casos, el compromiso legislativo debe estar focalizado en la protección de la dignidad humana y en el respeto de las decisiones de mujeres y pacientes. Es, por lo tanto, una cuestión de justicia y derechos.