Un grupo bipartidista de legisladores han introducido un proyecto de ley que aspira a cerrar brechas existentes en la legislación de tránsito.

Esta iniciativa pretende implementar controles periódicos de drogas a los conductores de transporte público y privado, con la esperanza de reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de sustancias.

El proyecto propone la integración de sanciones significativas para aquellas empresas que incumplan, sugiriendo multas que varían entre 1.5 a 3 unidades tributarias mensuales por cada prueba omitida.

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Además, en un esfuerzo por fomentar mejores condiciones laborales, la propuesta exige la provisión de espacios adecuados de descanso y aseo en los terminales de transporte.

Los impulsores de la propuesta destacan que, a pesar de la disminución en la conducción bajo los efectos del alcohol, el aumento en los casos positivos en pruebas de narcóticos entre conductores es alarmante.

Según datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), este incremento representa un desafío urgente en materia de seguridad vial.

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Los legisladores se han inspirado en modelos internacionales de países como Brasil, España, y el Estado de California, donde las penalizaciones por conducir bajo la influencia de drogas son rigurosas.

Con este marco de referencia, la propuesta legislativa ha sido diseñada para fortalecer la prevención y garantizar que los conductores estén en condiciones óptimas para realizar sus funciones sin poner en peligro a los pasajeros ni a otros usuarios de la vía.

Este proyecto de ley actualmente se encuentra bajo revisión en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

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