A medida que avanza el gobierno del presidente Gabriel Boric, se ha ido instalando en el ambientalismo un sentido de decepción ante el que prometía ser el primer gobierno ecológico del país. De cara a la cuenta pública que ocurrirá este sábado 1 de junio, en algunas de las principales organizaciones ambientales del país las expectativas son bajas.

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“En estos dos años hemos visto que, en vez de ser ecologista, pasó a ser una administración que no es distinta a otros gobiernos, donde se promueve la extracción y exportación de recursos naturales sin estándares ambientales”, comenta al respecto la directora de la fundación Terram, Flavia Liberona.

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La promoción de grandes polos de desarrollo de hidrógeno verde a concentrarse en Antofagasta y Magallanes, la acelerada construcción de desaladoras sin una norma que regule su impacto y la presentación de una estrategia del litio sin una consulta indígena o información sobre el estado actual de los salares son algunos de los sucesos que alimentan esta visión.

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Aumentar la regulación a estas industrias es uno de los llamados o expectativas planteadas para esta cuenta pública desde organizaciones como FIMA o Terram.

Transición energética justa

Una de las áreas donde se espera avance desde las organizaciones, es la transición ecológica justa en aquellos lugares considerados zonas de sacrificio ambiental por la contaminación acumulada.

“Es urgente que el gobierno comprometa un cronograma de retiro acelerado del carbón al 2030. Esto no solo requiere exigir fecha de cierre a las 8 termoeléctricas que aún no se han comprometido, sino exigir planes de cierre a las 11 que ya han cerrado, con el objeto de remediar los pasivos ambientales que dejaron”, propone Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable.

“Esperamos avances más concretos respecto de una transición ecológica justa para que los territorios ambientalmente sobrecargados puedan cambiar sus modos de vida por uno que proteja el medio ambiente y que sea justo con los trabajadores”, agrega al respecto la Coordinadora de Incidencia de ONG FIMA, Carolina Palma.

Agua potable

Sara Larraín también llama a mejorar el acceso a agua potable en aquellas zonas que aún son abastecidas por camiones aljibe. Para ello espera avances en los Planes integrados de gestión de cuencas para planificar el uso sostenible del agua con todos los actores involucrados, y la implementación de la ley de Servicios Sanitarios Rurales para mejorar la seguridad hídrica en las comunidades rurales, más vulnerables ante la sequía.

Fortalecer instituciones y leyes

Una expectativa transversal de las organizaciones es avanzar en la aplicación concreta de leyes que se han promovido en este gobierno, como la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley Marco del Cambio Climático y la Ley de Plásticos de un Solo Uso, para lo cual es imperativo aprobar los reglamentos de dichas normativas.

Así también existe el llamado a fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente, para que haya una mejor fiscalización de los incumplimientos ambientales, así como sanciones más efectivas a quienes incurren en ellos.