La promulgación de la ley 21.545, que promueve la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, es un hito significativo en nuestra legislación: ¡por primera vez se busca asegurar que todas las personas con autismo reciban el apoyo y las oportunidades necesarias para desarrollarse plenamente!

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Sumado a ello, el Sistema de Admisión Escolar permite a los padres y apoderados postular a sus hijos a todos los establecimientos educativos que deseen. Sin embargo, cuando los establecimientos educacionales, los equipos de gestión, los docentes y las coordinaciones internas no están preparados, comienzan los desafíos que plantea la nueva legislación.

La falta de condiciones adecuadas, la escasez de horas profesionales y las metodologías inapropiadas generan una gran frustración para los estudiantes y sus familias. Cuando las alertas sobre las condiciones inadecuadas no son consideradas, la frustración aumenta. Los diálogos entrampados en creencias individuales, cegados por el poder que otorga un cargo y los egos personales dificultan la comunicación y la búsqueda de soluciones para los estudiantes.

La implementación de las reformas que se han hecho en los últimos años enfrenta grandes desafíos en el terreno educativo. Por eso, en lugar de buscar reinventar la rueda como quieren algunos políticos que desconocen el sistema, lo mejor es profundizar e implementar lo que ya tenemos y funciona.

Trabajo en un colegio municipal de una comuna de Santiago, donde atendemos a una gran población en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica. Aproximadamente un 15% de nuestros estudiantes pertenecen al Programa de Integración Escolar y reciben atención de distintos profesionales según sus necesidades educativas especiales. A pesar de los avances legislativos, el día a día en las aulas sigue siendo arduo y complejo.

Las personas con condición del espectro autista presentan características heterogéneas y necesidades diversas. Un porcentaje presenta diagnósticos asociados que deben ser atendidos, pero lamentablemente, aún dependemos de la voluntad de algunos burócratas para brindar el apoyo necesario. La cultura y las prácticas inclusivas aún no han llegado al terreno, donde se necesitan día a día.

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Insisto en que el trabajo colaborativo y transdisciplinario debe instalarse desde la convicción de todos. Debemos estar convencidos de la necesidad de capacitaciones, reflexionar sobre nuestras prácticas diarias, ser humildes en la entrega de conocimientos y ser eficientes en las prácticas y eficaces con nuestras palabras para encontrar soluciones y brindar el apoyo que se necesita. La ley 21.545 no debe quedarse en el papel; debe traducirse en acciones concretas que transformen la realidad educativa de nuestros estudiantes.

Para avanzar hacia una verdadera inclusión, necesitamos implementar programas de formación y actualización para docentes y equipos de gestión sobre metodologías inclusivas y estrategias de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Debemos también asegurar la asignación de recursos, tanto en términos de horas profesionales como de materiales didácticos adaptados, y, sobre todo, impulsar una cultura de trabajo en equipo y colaboración entre todos los actores educativos, desde los directivos hasta los docentes y asistentes de la educación.

Desarrollemos y apliquemos adaptaciones curriculares que respondan a las necesidades individuales de cada estudiante, permitiendo una educación personalizada y efectiva. Involucremos activamente a las familias en el proceso educativo, asegurando una comunicación fluida y una colaboración constante para el bienestar de los estudiantes.

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Solo con un compromiso real y acciones concretas podremos hacer que la inclusión deje de ser artículos en una ley y se convierta en una práctica cotidiana en nuestras escuelas. La ley 21.545 y el Sistema de Admisión Escolar son grandes pasos, pero ahora nos toca a nosotros hacerlas realidad en cada aula y en cada interacción con nuestros estudiantes.