Amnistía Internacional (AI) denunció, en su último informe anual, el uso excesivo de la fuerza policial en Chile, la aprobación de la Ley Naín-Retamal, la cual incrementa la protección de la policía y el retraso en la reforma a Carabineros de Chile.

“No se avanzó hacia una reforma integral de Carabinero, aunque el gobierno presentó varios proyectos de ley que regulaban el uso de la fuerza para salvaguardar el orden público y la seguridad”, explicó AI en el informe.

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Durante el estallido social del 2019, que puso en jaque al gobierno del entonces presidente, el conservador Sebastián Piñera, y se transformó en la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el cuerpo de Carabineros fue duramente señalado por la excesiva dureza de la represión y “generalizadas violaciones” a los derechos humanos.

“Según la Fiscalía Nacional de Chile, hasta diciembre solamente se habían presentado cargos en 127 de los 10.142 casos de denuncias relacionadas con las violaciones de Derechos Humanos cometidas en ese periodo”, denunció AI sobre la continua impunidad por las violaciones de derechos en el estallido social.

Continua violación de Derechos Humanos

El documento, que revisa la situación de los Derechos Humanos a lo largo del planeta e incluye apartados para los 156 países, fue lanzado por la ONG destacando en el capítulo de Chile la “violencia sexual y de género”.

“Las mujeres de Chile seguían viéndose afectadas por la violencia basada en el género”, denunció AI, que destacó la pendiente aprobación de un proyecto de ley para “avanzar hacia la adopción de un enfoque integral para abordar la violencia contra las mujeres”.

Además, dentro del contexto de los derechos de la mujer, AI denunció que “Chile no avanzó en la adopción del marco jurídico necesario para despenalizar completamente el aborto y garantizar la igualdad de acceso sin barreras a servicios de aborto seguro”.

Asimismo, AI destacó la continua vulneración de derechos de las personas LGBTI, mujeres, pueblos indígenas y migrantes y refugiados.

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“No respetaban ni protegían los derechos de las personas migrantes y refugiadas, lo que incluía negarles el derecho a solicitar asilo”, describió el informe sobre el país latinoamericano, donde se desplegaron tropas militares en las fronteras con Bolivia y Perú para “impedir la entrada irregular de personas que buscaban seguridad, lo que afectó principalmente a personas venezolanas”.

La postura de Chile sobre los proyectos mineros fue definida por AI como “incoherente”, ya que el Gobierno rechazó por un lado un proyecto por su impacto ambiental, pero aprobó otro, pese a la oposición de organizaciones ecologistas.

En este contexto, según informó AI, al concluir el año, “no se había aprobado una ley sobre la protección de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos”, aunque el Gobierno quiere redactar un protocolo de protección