Cerca de las 06:00 horas del viernes de esta semana personal del OS-7 de Carabineros arribó en simultáneo hasta el domicilio y oficina del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, para llevar adelante un allanamiento a petición de la Fiscalía Oriente.

¿El motivo? La presunta entrega de información de Muñoz al abogado Luis Hermosilla de una causa reservada en que colaboraba la PDI. La orden de entrada y registro fue cursada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se fijó para el martes la formalización de Muñoz.

Tras presiones de todo el espectro político, Muñoz presentó su renuncia a última hora del viernes luego de una extensa reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El escándalo, en paralelo, abrió otro flanco que complica a las policías: qué hacer con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado en mayo por el delito de omisión de apremios ilegítimos en el contexto del estallido social.

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En su momento, el gobierno descartó pedirle la renuncia y —al igual que con Muñoz— determinó esperar a la formalización de cargos en su contra para tomar una determinación. Yáñez, en todo caso, perdió apoyo político para mantenerse en el cargo.

“Es muy grave que estén formalizados el general director de Carabineros y el director general de la PDI. Y si el director de la policía de investigaciones tiene que dar un paso al costado, creo que también el general Yánez debe dejar su cargo. Si vamos a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, a la delincuencia, necesitamos que los mandos de nuestras instituciones de orden y seguridad tengan el pleno respaldo y confianza de la ciudadanía y del gobierno y de todas las instituciones”, sostuvo el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, que en su momento respaldó a Yáñez cuando se anunció su formalización.

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Instituciones policiales en crisis

La formalización de Muñoz se suma a la de su antecesor en el cargo, el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, quien fue formalizado en octubre de 2021 por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

En Carabineros la situación no es muy diferente. El antecesor de Yáñez, Mario Rosas, también será formalizado por omisiones en los operativos de carabineros que resultaron en violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Todo eso, precedido por el mega fraude de Carabineros conocido en su momento como “pacogate”.

Este tipo de escándalos, que se arrastran hace años, han desembocada en una sensación de continua crisis en las policías que vienen siendo cuestionadas por la ciudadanía.

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Sobre esto, Daniel Soto Muñoz, abogado, Coronel (R) de Carabineros, consultor internacional en derechos humanos y policía, sostiene que al ser las jefaturas las que se ven involucradas en estas causas “causa normalmente un problema de desconfianza”.

“Las inconductas se asocian también a cuestiones de ética institucional. Entonces, si quienes aparecen vinculados a incumplimientos a la ley son las jefaturas, las personas asumen que hacia abajo todos son iguales”

Esa imagen, sin embargo, es “un error” a juicio de Soto. “Ambas instituciones están compuestas mayoritariamente por mujeres y hombres honestos y quienes infringen la ley deben ser cuestionados de forma individual y castigados severamente”, dice el especialista en policías.

Reformas necesarias

Junto a la sensación instalada de crisis en las instituciones policiales, el escándalo del director de la PDI ha puesto en el centro del debate la eventual reforma a las policías que se ha pedido por años desde el progresismo y que no ha sido concretada por el Presidente Gabriel Boric, pese a que fue una de las banderas durante su campaña presidencial.

Sobre estos problemas estructurales que se evidencian en las instituciones, Soto explica que “la formalización recurrente de personeros que forman parte de los directorios de las instituciones encargadas de la seguridad y de la defensa, plantea que el gobierno corporativo de ellas está mal estructurado, que fallan los controles internos y externos y que los directores no están rindiendo cuenta de su gestión, ni menos haciéndose responsables de los resultados de sus corporaciones”.

“Eso plantea que estas instituciones estatales deben ser gestionadas con otros criterios”, agrega.

En ese sentido, el consultor especializado en policías sostiene que “no se ha abordado adecuadamente la reforma del sistema policial y no se han corregido los vicios que hoy permiten la comisión, la tolerancia y el encubrimiento de inconductas”.

“Falla el liderazgo interno. Por esa razón la gestión y la supervisión son deficientes. Con un buen liderazgo político y policial ambas policías están en condiciones de mejorar sus capacidades de prevención e investigación en poco tiempo, porque en Chile tenemos instituciones conformadas por mujeres y hombres de una elevada vocación y disciplina.”, sentencia.