Hace unos días destacados columnistas como el abogado Carlos Peña y el periodista Daniela Matamala, esbozaron algunas palabras con respecto a un futuro juicio histórico al fallecido expresidente Sebastián Piñera. Por un lado Peña señalaba que finalmente “la historia es la que tendrá la última palabra”; por su parte Matamala establecía que “más adelante vendrá el balance de la historia”.

De ambas columnas subyace una primera idea de que será la historia la que proveerá la “verdad” acerca del legado político del difunto exmandatario. Asimismo de ambas frases subyace una segunda idea importante, que pasa porque hoy temporalmente sería muy temprano para encontrar la “verdad” del sujeto histórico recientemente fallecido.

Como historiador profesional permítanme responder a ambas afirmaciones. Historiográficamente existió una clásica escuela de interpretación del pasado denominada tradicionalmente como positivista. En concreto esta corriente planteaba que para alcanzar una correcta y a la vez “verdadera” interpretación de los acontecimientos históricos, temporalmente se debía esperar el paso de al menos una generación de personas, es decir unos 40 a 50 años. Así, pensaban ellos, los historiadores que analizarían esos hechos en el futuro estarían “menos prejuiciados” para interpretar el pasado, y a su vez esos historiadores estarían mucho más cerca de alcanzar la verdad de los mismos acontecimientos.

Esa creencia a su vez sostenía que la historia no solo era objetiva en su proceder, sino que igualmente era posible interpretarla como una verdad absoluta. Pensar y abordar de manera absoluta y objetiva la reconstrucción histórica del Estado, recibe el nombre de historia oficial. Desde el siglo XIX y hasta la actualidad, mediante la enseñanza de la historia oficial el Estado nación chileno ha realizado un permanente ejercicio de autolegitimación ciudadana, que impida todo tipo de cuestionamiento tanto a su génesis como a su subsistencia.

Pero ¿y por qué sucede lo anterior?

Las respuestas pueden ser múltiples y complejas. Los contenidos educativos de la disciplina histórica están contenidos en un programa denominado currículum nacional. Quienes lo controlan, en los últimos años no solo eliminaron la enseñanza de la historia del plan común de 3º y 4º medio, sino que también han realizado escasos cambios a las temáticas históricas que deben aprender nuestros niños y jóvenes en la educación primaria y secundaria. Además, los escasos cambios que se han realizado a ese currículum no han sido suficientemente debatidos en la esfera pública, y no han tenido la debida integración al resto del currículum escolar. En definitiva, en los últimos 30 años el Estado todavía no responde adecuadamente a las preguntas del por qué y para qué enseñamos historia en Chile.

A su vez, esa falta de debate público ha impedido actualizar con fuerza otros enfoques interpretativos que superen la exclusividad del positivismo para reconstruir los hechos históricos, como pueden ser las técnicas de análisis que entregan las denominadas “nuevas” historias políticas o culturales. De aplicar todo lo anterior, por ejemplo, se podría someter a un necesario juicio público al numeroso panteón de héroes militares, compartido muchas veces canónicamente con otros “héroes” civiles, como ha sido el caso de los expresidentes chilenos ya fallecidos. De esa manera, a estos actores políticos se los podría estudiar no solo desde sus “luces”, sino que también desde las “sombras”, que los acompañaron al interior de las esferas pública y privada.

De esta manera, en el caso del expresidente Piñera, los antecedentes positivos que pudiera contener su legado debiesen ser entrecruzados por las causas judiciales que mantenía abiertas, pero que tras su repentina muerte fueron para él sobreseídas por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Por un lado se encontraba la investigación por eventual soborno, cohecho y fraude al Fisco en la compraventa final realizada en paraísos fiscales del polémico proyecto de minera Dominga, y que según lo develaron los documentos Pandora Papers en 2021, su última operación financiera se habría finiquitado cuando Piñera ostentaba el importante cargo público de presidente de la República.

Asimismo está la causa liderada por la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien lo investigaba por su eventual responsabilidad de mando como jefe máximo del Estado, ante las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante el Estallido Social de 2019 y 2020, y que entre otros vejámenes dejó a cientos de jóvenes mutilados ocularmente.

En conclusión, y siguiendo las reflexiones de la destacada historiadora estadounidense Lynn Hunt, quien en su libro Historia ¿Por qué importa? se pregunta sugerentemente acerca de las controversias públicas que se generan cuando la ciudadanía cuestiona el proceso de sacralización que realizan los Estados nacionales. Ella directamente y sin tapujos advierte que “los políticos mienten acerca de los hechos históricos”, y por tanto entrelíneas anima a los lectores a investigar sin miedos todas las acciones del sujeto público que el Estado nación desea sacralizar.

Hunt finalmente plantea que “la verdad histórica ha llegado a convertirse en un acto necesario de coraje cívico”, por tanto ese coraje debería conminarnos como ciudadanos a un debate serio, sensato y responsable en relación a los actores públicos del panteón republicano chileno, no buscando una positivista verdad absoluta sobre ellos, pero sí certezas históricas que mediante un juicio de las mismas características nos permitan socialmente hoy en día, y no en 40 o 50 años más, responder crítica, transparente y democráticamente a la -cada vez más desgastada y debilitada- interacción entre el Estado, las élites y la ciudadanía chilena.