La seguridad sigue siendo el tema más importante para la ciudadanía en este inicio del 2024. De acuerdo a la primera medición de Cadem de este año, el 80% de los encuestados manifestó estar seguro de que la delincuencia ha aumentado.

Por lo mismo, el Presidente Gabriel Boric y sus ministros han hecho hincapié en que la seguridad y el avance de la agenda legislativa en esta materia en el Congreso es la principal prioridad del Ejecutivo.

Sin embargo, desde el Congreso se sigue presionando al gobierno para avanzar en medidas “más concretas” en cuanto al combate a la delincuencia.

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Sumado a la solicitud constante de decretar estado de excepción en la Región Metropolitana, y la moción sugerida por parlamentarios de destinar el 2% constitucional a seguridad, este lunes una bancada transversal de diputados presentó un proyecto para otorgar a las fuerzas militares facultades para tareas de “seguridad ciudadana”.

En ese contexto, el “tira y afloja” entre el Congreso y gobierno se mantiene a pocas semanas del receso legislativo y en medio de la sostenida alza del temor ciudadano.

Avances legislativos

Migración, competencias de municipales, perfeccionamiento de la persecución penal y mejorar el estado de excepción, son los cuatro aspectos —a nivel legislativo— que el gobierno destacará en su nueva edición de gobierno informa, según fuentes de Palacio.

Respecto a migración, el proyecto de Ley de Refugio y Reconducción es una de las principales prioridades para el oficialismo en el Congreso. La iniciativa, que se encontraba en comisión mixta, pasó al Senado para ser nuevamente discutida y votada, ahora con el informe de la instancia creada para zanjar diferencias. Asimismo, en la comisión de Gobierno de la Cámara se aprobó el articulado que contiene las funciones que tendrá el nuevo Ministerio de Seguridad.

La Comisión de Constitución de la Cámara, en tanto, despachó el proyecto para mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y delitos de alta connotación pública.

Por último, la reforma constitucional que permite extender el periodo de estado de excepción de 15 a 30 días, fue aprobada en la Cámara.

Con todo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha debido lidiar con la presión —incluso en su mismo sector— para que su cartera vaya más allá y tome medidas "más concretas" en el combate a los delitos violentos que han aumentado durante el último periodo.

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Presión del Congreso

Pese a los avances que destaca el gobierno, la oposición, y parte del oficialismo, mantiene su crítica a la acción del Ejecutivo en seguridad.

En ese sentido, el diputado Raúl Soto (PPD) ha sido una de los parlamentarios más críticos respecto a las medidas tomadas por Ejecutivo para combatir el aumento de delitos violentos. Por lo mismo, Soto ha encabezado distintas iniciativas en esta materia

Primero, ha insistido en la necesidad de decretar estado de excepción en la Región Metropolitana, lo que ha sido rechazado por el gobierno y gran parte del oficialismo.

Tras esto, pujó —junto a alcaldes— para que el 2% constitucional del Presupuesto 2024 se destinara a seguridad, propuesta rechazada por el gobierno. Y ahora, junto a una bancada de todos los sectores políticos, el parlamentario PPD presentó este lunes un proyecto de ley para habilitar el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana.

Sobre la propuesta, Soto explicó que una medida “intermedia” en cuanto al estado de excepción y que se podría aplicarse ampliando el concepto de infraestructura crítica, proyecto recientemente aprobado.

“El Presidente de la República podría, a través de un Decreto firmado por la Ministra del Interior y por la Ministra de Defensa, disponer del uso de contingente militar también en las ciudades de nuestro país, en las zonas urbanas y rurales, para la protección no solamente de cosas sino que también para la protección de personas”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) destacó que desde el trabajo legislativo se puede aportar en “plantear soluciones”, recordando las últimas propuestas en seguridad que se han levantado desde el Congreso.

En esa línea, planteó que “tenemos que ser capaces, de manera transversal y conjunta, poder ponerle atajo a algo que está destruyendo nuestra sociedad, que es la delincuencia, el narcotráfico y crimen organizado cero espacio” y emplazó al gobierno a “utilizar todas las herramientas que el estado de derecho nos entrega”.