Hace unos días ocurrieron dos hechos que resaltan los dos mayores problemas que posee Chile en su lucha por la protección del medio ambiente. Primero, hace unos días el economista José Luis Daza criticó a Boric por viajar “en un vuelo especial para observar los daños causados por los vuelos privados”, aludiendo al vuelo que el presidente realizó con el Secretario General de la ONU a la Antártida.

En el segundo caso vemos algo mucho más complejo, las demandas de los hermanos Francisco y Mauricio Moreno por $1.600 millones contra otros diez defensores ambientales, quienes son atacados por su oposición frente a la fuerte expansión inmobiliaria que buscan realizar las empresas de dichos hermanos en el Parque Nacional La Campana.

Primero veamos el caso de José Luis Daza

Su crítica ejemplifica lo ciego que se puede ser frente a un problema como la crisis climática, buscando criticar al individuo por una acción específica y no mirar a nivel más macro. Lo cual lleva justamente a perder el panorama más general y por tanto comprender de forma menos integral la problemática.

Esto lo menciono porque, aclaremos algo, los vuelos privados claramente contaminan. Eso es innegable. Sin embargo, pensar que el presidente debe evitar un viaje en avión a la Antártida para ser más consecuente o no afectar más el medioambiente es un error de análisis gigantesco.

Un viaje en avión resulta ser una ínfima parte de lo que afecta al medio ambiente a nivel nacional, ni qué decir a nivel mundial. Pero no solo eso, sino que para entender estas problemáticas debemos ver el panorama completo, específicamente en este caso debemos considerar la importancia de la Antártida como territorio estratégico en la lucha contra el cambio climático. El presidente cuando anunció este viaje afirmó que tiene como objetivo justamente el combatir de mejor forma la crisis climática, y es que no es para menos, ya que en la Antártida se calcula que está contenida alrededor del 70% del agua dulce del planeta.

Más encima viaja con una autoridad que puede tener injerencia en las decisiones que se tomen a nivel internacional con respecto a la lucha contra el cambio climático, por lo que resulta aún más fundamental el viaje.

Por lo tanto, si lo pensamos bien, un viaje a la Antártida bien aprovechado puede significar un avance mucho mayor que un viaje menos en avión. El criticar al presidente como individuo por irse en avión evidencia un sesgo que criminaliza en exceso al individuo, porque la verdad no he visto ninguna declaración de Daza criticando la excesiva contaminación de empresas a nivel nacional, menos pidiendo mayor regulación para estas.

Ya analizando el segundo problema, vemos que a primera vista resalta una clara desprotección de los defensores ambientales. Sin embargo, esto tiene una causa más profunda, la cual es la poca regulación y fiscalización que existe sobre problemáticas y conflictos socioambientales.

Cuando analizamos la regulación actual, podemos ver que existen diversas falencias. Primero a nivel general donde, en la Constitución vigente, la «protección medioambiental», se encuentra en el artículo 19 dentro del capítulo de «derechos y deberes constitucionales». Allí se afirma que todos los chilenos y chilenas tenemos «el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente».

Acá podemos observar dos grandes problemas, primero, la protección del medioambiente no gira en torno a sí misma, sino que se enmarca en un marco de derechos individuales, en los que la vida de las personas tendría prioridad por sobre el medio ambiente. Así, nuestro entorno natural aparece como algo que cuidar para que nuestra vida continúe su curso y no al revés (proteger la vida a través del cuidado de éste), relegando al medioambiente a un segundo plano de protección.

Segundo, no se establecen garantías que permitan proteger tal derecho. Se constitucionaliza la protección del medioambiente en razón de cómo afecta al ser humano, y no como un deber en sí mismo, generando escasas protecciones frente a problemáticas medioambientales que no afecten de forma directa al ser humano (no se abarcan diversas situaciones negativas que no están directamente relacionadas a la contaminación, por ejemplo).

Ya cuando miramos a nivel de leyes, podemos ver que depende mucho del área de interés, y aunque si bien existen algunos sectores donde la regulación está más avanzada en cuanto a protección medioambiental, podemos ver que en la mayoría existen grandes falencias.

Un ejemplo clásico de esta deficiencia es la legislación sobre la pesca en Chile, siendo la Ley 20.657 la que actualmente ha generado que siete familias estén en una posición de privilegio, permitiendo la apropiación de una gran cantidad de cuotas pesqueras y dejando importantes temáticas desreguladas, como la pesca de arrastre, la cual tiene efectos catastróficos para el medio ambiente marino.

En este caso vemos la desprotección de los defensores ambientales, los cuales muchas veces son los mayores protectores de sectores valiosos en cuanto a biodiversidad, pero que quedan desprotegidos frente a los intentos ilegales de ciertas empresas que buscan igualmente aprovechar estos territorios. Esta legislación en este caso se rige por el Acuerdo de Escazú, la cual dentro de sus ejes tiene justamente la protección de los defensores medioambientales. Sin embargo, desde la firma del tratado hace un año atrás no se ha visto una implementación efectiva, donde la misma ONG Escazú reveló que ni siquiera se ha realizado el diagnóstico de la cantidad de defensores que están actualmente bajo amenaza.

Por lo mismo podemos ver que en Chile falta regularizar estas problemáticas, no solamente desde mejorar la legislación, sino también implementar medidas que fiscalicen y hagan efectivas estas protecciones.

En resumen, a través de estas dos noticias podemos sacar dos conclusiones; primero podemos ver cómo actualmente se tiende a olvidar que el principal problema del deterioro del medioambiente en Chile son las grandes empresas, no los individuos; y segundo, que debemos legislar y fiscalizar de mejor forma las problemáticas medioambientales, ya que sin ello queda desprotegida nuestra biodiversidad frente al avance de empresas que buscan aprovechar estos resquicios legales.

Avancemos en estos dos aspectos y definitivamente Chile irá por un camino de mayor protección medioambiental.