El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, anunció este domingo nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes indocumentados, tras una nueva ola de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas y que han puesto, de nuevo, la agenda de seguridad en el centro del debate .

La autoridad explicó en un punto de prensa que las medidas se enfocan en "fortalecer las capacidades de control migratorio y de expulsión" y detalló que el Gobierno utilizará "una facultad que la Ley de Migraciones entrega al subsecretario del Interior de expulsar cuando se considere que hay riesgo para la seguridad interior".

"Le vamos a proponer al Congreso que la posibilidad de apelar que tiene la persona sobre la cual se dicta este decreto de expulsión reduzca su plazo de 10 a 5 días", añadió Monsalve.

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Además, el subsecretario precisó que también que, junto al punto anterior, desde su cartera se intentará modificar la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para permitir el ingreso al domicilio para detener a la persona sobre la cual existe la orden de expulsión ya decretada.

"Hoy (la PDI) no tiene facultades legales para ingresar al domicilio y tiene que estar afuera esperando que la persona, eventualmente, salga y pudiera no salir en dos días y no se puede detener", sostuvo.

El anuncio llega luego de que en el mes de noviembre se hayan producido varios secuestros extorsivos de alta connotación pública con participación de venezolanos, según las autoridades, y luego de que, hace pocos días, una policía quedara gravemente herida por las esquirlas de una granada que lanzaron dos personas de nacionalidad venezolana.

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En abril, el Gobierno de Gabriel Boric sacó adelante un primer paquete de medidas en materia de seguridad, entre ellas la polémica ley Nain-Retamal, que entrega más facultades a los policías para el uso de las armas de fuego. Las normas se implementaron en medio de un clima de alta conmoción pública por la muerte, en pocos días, de tres policías en distintos procedimientos.

Chile, uno de los países más seguros de la región, vive un aumento de la violencia. De acuerdo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 los homicidios crecieron 33,4% respecto al año anterior, la segunda mayor variación en América Latina detrás de Ecuador, donde aumentaron más de 80%.

El aumento de los delitos violentos y la sensación permanente de inseguridad ha obligado al Ejecutivo a levantar una agenda de seguridad para combatir la delincuencia y el crimen organizado, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según las encuestas.

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