El Gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley que busca poner coto a los llamados "narcofunerales", ceremonias de alto riesgo que hace años afligen a numerosos barrios de nuestro país por la violencia que despliegan en el espacio público.

“No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas”, señaló el mandatario chileno, Gabriel Boric.

Tanto en Santiago como en otras ciudades del país en el litoral central y norteño, los "narcofunerales" son cada vez más recurrentes, eventos que han obligado en múltiples ocasiones a suspender las clases en establecimientos educativos por los riesgos asociados a estos hitos.

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“No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos, no lo podemos permitir, es algo que se ha ido naturalizando y como Presidente de la República no estoy dispuesto a que esto naturalice", subrayó el jefe de Estado.

De acuerdo a datos entregados por la autoridad, desde mayo de 2019 a la fecha se han registrado más de 1.736 funerales de este tipo, deteniendo la policía a más de 1.302 personas acusadas de delitos en este contexto.

La ley propuesta por el Ejecutivo restringe a 24 horas el plazo para realizar este tipo de ceremonias, confinadas solamente a cementerios y crematorios para “liberar al espacio publico".

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El proyecto impone penas más gravosas a quienes delincan durante las exequias, y en general las disposiciones de la norma quedarán sujetas a informes entregados por la policía a las autoridades civiles.

Durante los últimos años, el combate al crimen organizado se ha perfilado como una de las principales preocupaciones de la población chilena, que resiente un aumento sostenido de delitos violentos y homicidios en diversos puntos del país.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 la tasa de asesinatos fue de 4,7 por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media de Latinoamérica, pero que supone un aumento del 34,3% respecto al año anterior.

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