Aborto tres causales: Denuncian desconocimiento de la ley incluso del personal de salud
Han pasado seis años desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por tres causales en nuestro país (riesgo vital de la persona gestante, inviabilidad fetal de carácter letal o gestación como resultado de una violación), contexto en el que se entregaron algunas estadísticas derivadas de la normativa.
Desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio de 2023, se han realizado un total de 4.271 interrupciones de embarazos. En el detalle de la cifra, 1.296 casos corresponden a la causal 1 –riesgo de vida de la madre–, 2.080 casos por la causal 2 –feto con malformación incompatible con la vida extrauterina– y 896 casos en la causal 3 –violación–.
Si bien para la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa) la ley es un “avance significativo”, pues desde 1989 al 2017 la interrupción del embarazo en cualquier causal era ilegal, existen graves problemáticas relacionadas a la “falta de información adecuada para las mujeres y personas con capacidad de gestar, y la insuficiente formación del personal de salud y la objeción de conciencia”, asegura su directora ejecutiva, Débora Solís.
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Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, también concuerda con la poca información existente sobre la IVE. “Hay un gran desconocimiento (...). Hay muchas mujeres que llegan a los centros de salud sin saber que su situación podría estar cubierta por la ley”, ilustra la académica.
Pero la ausencia de información también se evidencia en los propios profesionales de salud. Según Casas, para el caso de la tercera causal –por violación– todavía hay muchos profesionales que creen que se necesita de una denuncia previa ante el Ministerio Público, situación que no es real.
A ello se suma que “algunos profesionales de la salud creen que si la mujer no dice en el box: ‘yo quiero un aborto’, no tienen por qué explicarle a esa persona que su situación en particular está dentro de las tres causales”, destacó.
Objeción de conciencia
Al igual que Solís, la investigadora de la UDP también comparte el punto de la objeción de conciencia. Sobre todo, cuando en un centro de salud existen al menos dos profesionales no objetores –por ejemplo– los que “al término de su jornada o cuando están de vacaciones”, dan pie a los centros a eximirse del cumplimiento de la ley, o sobrecargan a sus colegas del área.
En esa línea, desde Aprofa explican que la ley podría mejorarse partiendo de la base de que quienes se encuentren en alguna de las tres causales, puedan hacerlo “con total garantía y seguridad para sus vidas”. Y en el caso del personal de salud, “que los derechos de las personas, las decisiones que tomen en relación a sus cuerpos, estén sobre sus propias creencias personales”.
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Además, y si bien en el escenario político actual es complejo, es importante “pensar en avanzar en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos”. De hecho, Solís considera fundamental evolucionar hacia la implementación de una Ley de Educación Integral de la Sexualidad.
“Esto permitiría asegurar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a información que les capacite para tomar decisiones que no comprometan su salud, y que estén alineadas con su bienestar personal y el de su entorno”, explican.
“Primeros derechos tienen que ver con la libertad”
Ante la arremetida de los partidos de derecha y extrema derecha, que se han mostrado en distintas oportunidades contrarias a la IVE –en especial el Partido Republicano (PR)– Débora Solis es enfática.
“En cualquier contexto de crisis política, los primeros derechos que se pierden tienen que ver con la libertad, y cuando pensamos en las mujeres, históricamente hemos sido las principales víctimas”, señala.
Más todavía cuando en el Consejo Constitucional se aprobó una enmienda que establece que la ley protege la vida del que está por nacer, lo que podría significar un peligro para la Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales.
