La Comisión de principios, derechos civiles y políticos del Consejo Constitucional dio este jueves el debate respecto a una de las enmiendas más polémicas que se buscan introducir en el proyecto constitucional: el beneficio carcelario a los reos de Punta Peuco.

Esta norma, presentada por la bancada de consejeros del Partido Republicano, busca que los presos mayores de 75 años cumplan su pena o medida cautelar con arresto domiciliario o de bajo vigilancia.

Pese a tener un componente “humanitario”, la enmienda disfraza —según argumenta el oficialismo— un “perdonazo” a los presos que cometieron crímenes contra los derechos humanos en dictadura.

Según datos aportados por el ministro de Justicia, Luis Cordero, 146 de los 265 reos que cumplen pena y tienen más de 75 años (lo que estipula la enmienda), están recluidos en el recinto carcelario habilitado para violadores de derechos humanos.

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A quiénes beneficia esta norma

En la sesión de este jueves el consejero Yerko Ljubetic (CS) abrió el debate respecto a la polémica enmienda, cuestionando que ésta no cumple con los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos.

“Es claro que el grueso de las personas beneficiadas por esta iniciativa se refiere a personas como Krassnoff Martchenko y otros criminales recluidos en Punta Peuco”, subrayó el consejero, a la vez que interpeló al Partido Republicano a clarificar su intención al presentar la enmienda.

Asimismo, Ljubetic precisó que ninguno de los requisitos establecidos en el derecho internacional para beneficiar a presos por delitos de lesa humanidad se cumple en el caso chileno.

“Es evidente que, en el caso de los reclusos de Punta Peuco, ninguna de estas condiciones se cumple (requisitos establecidos en el derecho internacional). No han colaborado en entregar información sobre los detenidos desaparecidos ni han expresado arrepentimiento (…) La actitud de ellos (presos de Punta Peuco) no se condice bajo ningún punto de vista con las disposiciones del derecho internacional”, planteó el consejero.

La comisionada del Partido Socialista Catalina Lagos reafirmó el punto hecho por Ljubetic, aportando un dato clave: el 55,1% de los posibles beneficiarios de esta enmienda son criminales de lesa humanidad y el 29,7% están privados de libertad por delitos de carácter sexual.

“Entregar beneficios que impliquen impunidad es algo que atenta contra la seguridad de la sociedad. Atenta contra la no repetición de estos hechos en el futuro”, sentenció Lagos.

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