Recientemente, se ha despertado un gran interés por casos de corrupción y la participación de figuras políticas en ellos. En junio, se descubrieron acuerdos irregulares entre la seremi de Vivienda y una fundación, lo que desencadenó investigaciones en otras entidades similares. Estos eventos llevaron a la renuncia de funcionarios públicos debido al impacto que ha generado el denominado "Caso Convenios”, que ha causado malestar en la sociedad y resalta la necesidad de establecer sanciones más adecuadas para conductas indebidas.

A consecuencia de este evento en particular, la investigación judicial se ha ampliado con el fin de abarcar a otras fundaciones de características similares, revelando casos de malversación de fondos, lo cual ha desembocado en renuncias y detenciones de figuras políticas.

Según la encuesta Research de julio, un 71% de los encuestados opina que Chile está aquejado por la corrupción en varios niveles, y un 54% pronostica un aumento en estos casos durante el resto del actual mandato. En esta línea, los acontecimientos recientes han resaltado la importancia de contar con medidas judiciales efectivas para abordar estas conductas.

Eso es lo que en un futuro cercano nos permitirá la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente, recientemente aprobada, posibilitando aplicar penas efectivas y eliminando la evasión de responsabilidad. Introduce categorías de delitos económicos no contempladas antes. Aunque elementos de esto estuvieran presentes en ciertas secciones del Código Penal, es innegable que trae novedades significativas, al mismo tiempo que tipifica y describe los delitos medioambientales.

Más precisamente, aborda temas cruciales como el abuso de información privilegiada, manipulación del mercado y complicidad en fraudes fiscales, estableciendo penas efectivas para estos delitos. Aunque la SOFOFA planteó algunas preocupaciones, dejaron en claro su apoyo a la creación de una sociedad más justa y transparente. Sin embargo, enfatizaron la necesidad de evitar extremos en la persecución legal y garantizar interpretaciones precisas.

Es importante destacar que esta ley protege el mercado y la confianza empresarial. Tener un cargo jerárquico no implica automáticamente ser responsable, sino que se deben cumplir condiciones y demostrar participación en delitos, permitiendo así defensa y consideraciones adicionales. Sin embargo, se centra en la dirección, ya que ésta identifica sus actividades y riesgos, define objetivos y formas de lograrlos, y tiene el poder de influir en decisiones de la compañía. Al ocupar ciertos cargos, se puede identificar estos aspectos con precisión e implementar controles para prevenir su ocurrencia.

Esta normativa intenta recopilar la experiencia acumulada en casos contingentes para cerrar estos vacíos legales, imponiendo a las empresas la creación de modelos para prevenir o reducir al mínimo dichas situaciones. A pesar de que el riesgo cero es inalcanzable, se espera que, mediante capacitación, identificación y considerando las características propias del negocio, se adopten todas las medidas posibles para mitigar riesgos delictivos.

Se prevé que este proyecto de ley esté generando un impacto significativo, en el sentido de que las empresas y entidades estén considerando con mayor seriedad la necesidad de ejercer un cuidado mucho más riguroso para evitar incurrir en prácticas que podrían estar al borde de la ética legal, debido a la introducción de la posibilidad real de enfrentar sanciones penales. Anteriormente, se toleraban prácticas económicas dudosas, pero ahora podrán acarrear graves consecuencias legales.

En definitiva, esta nueva ley marca un hito crucial en la lucha contra la corrupción y las conductas indebidas en el ámbito empresarial y político, y representa un paso firme hacia la construcción de una sociedad más transparente y equitativa, en la cual la impunidad ya no tiene cabida. Además, demuestra un sólido compromiso con la integridad y la responsabilidad, generando un cambio cultural que reafirma la importancia de la ética.