Todo explotó en la Región de El Maule el pasado 30 de mayo cuando la presidenta del directorio de la fundación Urbanismo Social, Pilar Goycolea, envío una carta a la gobernadora regional, Cristina Bravo (DC), advirtiéndole que a esa ONG le sería imposible cumplir con uno de los requerimientos de la autoridad para dar el vamos el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” - cual era contratar al concejal del mismo partido, Javier Ahumada, por cumplir este una función pública-, lo que hacía incompatible ese nombramiento.

Sin embargo, sí fueron reclutados en altos cargos otros dos profesionales que exhiben claros y estrechos lazos familiares e, incluso, sentimentales con personeros de la GORE.

Como era de esperar, rápidamente se instaló la controversia en la zona y en el país, dada la proliferación de hallazgos de situaciones anómalas que contemplan traspasos de millones de pesos desde el Estado a instituciones privadas.

En ese contexto, el consejero regional Patricio Ojeda contó en detalle a Manos Libres, en colaboración con El Desconcierto, cómo se fueron conociendo los hechos, las acciones que se están tomando para obtener más información al respecto, las sospechas sobre nuevas irregularidades y el dalo que están sufriendo otras fundaciones. Aquí sus palabras.

Justos por pecadores

“Lo que sabemos es que sí fueron traspasados los recursos desde el Gobierno regional en diciembre, pese que alguien dijo por aquí los medios de comunicación que no se había hecho ninguna rendición, ningún pago, y bueno, pocos minutos nos demoramos en darnos cuenta de que efectivamente los traspasos ya se habían hecho".

"Yo no sé si aquí hay un nivel de ingenuidad en el Gobierno Regional, donde pareciera que algunos creen que somos tontos. Claro, ocultar información nos hace parecer tontos porque no sabíamos, no conocíamos esa información. Pero la verdad es que no necesitamos avanzar mucho para irnos dando cuenta de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que pasó en concreto? Yo lo dije y lo hemos compartido muchos consejeros. Esto no se trata de estigmatizar a todas las fundaciones y que todo lo que se ha hecho con ellas en esta región o en cualquier parte del país esté todo mal. Pero desafortunadamente esta frescura, por decirlo de alguna manera, enlodan el trabajo que se hace con la con las fundaciones en general, eso lo más lamentable”.

Dudosa idoneidad

“Acá quizás el punto es, primero identificar la idoneidad del producto (el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”). Partamos de atrás, ¿era un producto idóneo para la región, era necesario? Claro, cuando hablamos de seguridad pareciera que todos tenemos que cuadrarnos detrás de una estrategia, pero el tema es ¡de cuál es la estrategia! Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos".

"Le pasamos plata una fundación, cuya expertise está vinculada con el urbanismo y, sin embargo, de la noche a la mañana, ahora son expertos en seguridad. Había que intervenir cinco comunas o cinco sectores de la región, por lo demás, toda ellas cercanas también políticamente a la gobernadora (Cristina Bravo) y al gobierno, salvo solamente una, y claro, se le traspasaron estos recursos, después se espera a que se inicie la ejecución del proyecto, pero luego nos damos cuenta que la carta (de Urbanismo Social al Gobierno Regional) del 30 de mayo -que es la que destapó todo-, da cuenta de que la ejecución de ese proyecto no pudo avanzar en los tiempos que estaban establecidos porque en conversaciones, alrededor del mes de febrero y marzo, llegando hasta mayo con funcionarios del Gobierno Regional, finalmente ese avance no se había podido producir y ¿por qué?, porque no había un acuerdo en quienes iban a desarrollar el proyecto”.

Concejal Ahumada, el mejor testigo

"Se supone que cuando la fundación presenta un proyecto ellos tienen clarito cuáles son los profesionales que van a trabajar con ellos. Sin embargo, aquí el Gobierno Regional pareciera que estaba pidiendo que se la integraran ajenos a la Fundación, a tres personas y no cualquier persona, hablamos de personas que tienen vínculos con altos funcionarios de gobierno".

"Ni siquiera estamos hablando de funcionarios medios sino de los jefes de división y, por lo tanto, ya también hay ahí una situación compleja. Aparece ahí el nombre del concejal de Curicó (Javier Ahumada, ¿qué mejor testigo, no? después de que él mismo declara públicamente que en realidad estaba buscando trabajo. Si nadie persigue que él busque trabajo, ¡eso es normal está bien!, todos los consejeros también tenemos que buscar trabajo. Entonces, luego la gobernadora, por todas partes dice ´no, yo no he recomendado a nadie. Sin embargo, Javier Ahumada, en declaración pública a través de todos los medios de la región dice que él solamente pedía pega y que le encargó la gobernadora que lo tuviera en cuenta, en consideración".

"Pocos días después de eso lo llaman desde el Gobierno Regional para que se pueda presentar en la Fundación, ¡qué mejor no es cierto testigo el que tenemos allí para dar cuenta de que, efectivamente, pareciera que sí había una solicitud del Gobierno Regional, esa misma que se está negando hoy día, pero que Urbanismo Social está denunciando por escrito”.

¿Otras fundaciones?

“Lo que voy a decir es un secreto a voces y no lo quiero legitimar, pero es conocido, es sabido que -comúnmente, este tipo de situaciones se piden, que se contraten a unos u otros-, pero acá debió existir un nivel de presión tan alto que finalmente la Fundación ¡opta por poner esto por escrito y hacer una denuncia formal y la hace el 30 de mayo!"

"Los consejeros del Maule nos preguntamos, si esto se conoció el 30 de mayo con nombre y apellido ¿qué se ha hecho desde ese minuto hasta la fecha?, ¿hay sumarios, hay investigaciones?, ¿hay una búsqueda de responsabilidades? ¡Ninguna, aquí prácticamente no ha pasado nada! No ha pasado nada hasta ahora que, claro, nosotros tomamos esta información, le pedimos a la Unidad de Control, vamos a la Contraloría, y ahora recién pareciera que nos vamos a empezar a preguntar ¡por qué existió esa reunión!, reunión que, por demás, no está en el registro de la Ley del Lobby. Ustedes saben que las fundaciones se relacionan a través esa ley, y estas dos uniones u otras más, no están eso".

"Esto instala en nosotros, los consejeros, la fundada sospecha de que deben existir muchas reuniones de este tipo con otras fundaciones también y eso es lo que le estamos pidiendo a la Contraloría, que investigue no solamente a Urbanismo Social, sino que también los convenios suscritos con otras fundaciones para saber si nos vamos a encontrar o no con situaciones similares”.

Buscaban trabajo para altas jefaturas

“Lo que aquí está claro es que el Gobierno Regional ¡no puede exigirles a las fundaciones que, a cambio de que le pasemos recursos, ellos nos contraten personas!, ¡y no cualquiera! En este caso personas vinculadas, políticamente personas vinculadas con funcionarios del Gobierno Regional ¡y no para cualquier pega, pues, si aquí estaban pidiéndole las jefaturas del proyecto!, no estaban pidiendo una asistente social para trabajo de campo, no, estaban pidiendo para jefe, para coordinador, para supervisor. Es decir, ¡para los altos mandos del proyecto!".

"Todavía no hemos llegado al tema de los sueldos, no lo hemos podido ver en ninguna parte. Estamos pidiendo a la Unidad de Control que nos haga llegar la programación de caja del proyecto, porque ahí vamos a poder ver qué es lo que estaba proyectado para cada cargo. Ahí vamos a poder ver cuánto se les estaría pagando, eventualmente, a los que fueron contratados y cuánto se le podría haber pagado al concejal (Ahumada) en el caso de que hubiese sido contratado, esa información esperamos que nos la nos entreguen lo antes posible”.

Culpas del parlamento

“Aquí hay una responsabilidad del legislador, toda vez que hubo cambios que se dieron en el último tiempo, en particular, en relación a la legislación. Y esto que hace que se le entregan atribuciones directas a los gobernadores y gobernadoras para que ellos puedan aprobar proyectos o programas en forma directa, sin la aprobación del Consejo Regional, sin ser vistos por nosotros hasta una cifra que no supere las siete mil UTM, o sea, cerca de 430 millones de pesos".

"430 millones hacia abajo, la gobernadora no pasa estos proyectos por el Consejo Regional y, por tanto, nosotros no participamos en la evaluación ni en la revisión. No estoy diciendo que porque ella lo haya aprobado (el proyecto de Urbanismo Social) en forma directa se haya saltado todos los filtros, porque yo creo que sí se cumplieron algunas cosas. Ahora, si se revisaron los antecedes con mucha profundidad, eso es un tema que tenemos que ir viendo en el transcurso de la investigación”.

Contrapartes imprescindibles

“El legislador tiene que tomar medidas porque aquí se abusó de una herramienta para que las gobernaciones tuvieran más libertad, con la idea, supuestamente, de que las asignaciones de proyectos fueran más rápidas".

"¡Es un error del parlamento!, le entregó herramientas que hicieron que ¡finalmente a nosotros los consejeros, que tenemos fiscalizador, nos excluyeran! Porque, en definitiva, cuando tenemos que velar por el buen uso de los recursos públicos ¡tienen que existir contrapartes, tienen que existir filtros!, y no solamente contrapartes técnicas sino también políticas porque -si bien es cierto el Consejo Regional es un órgano político- es también, entre otras cosas, un órgano que puede super vigilar, por ejemplo, cuál es el criterio que ocupa la gobernadora para elegir las fundaciones".

"Aquí nos damos cuenta de que la mayoría son de izquierda o están vinculadas con el gobierno. Eso también es una contraparte que nosotros podríamos ejercer cuando vamos tomando conocimiento oportunamente de esto, ¡no después de! Hoy día nosotros estamos condenados a tomar conocimiento de los convenios, solo una vez que la gobernadora los aprueba e incluso sólo una vez que ya se hayan transferido los recursos, cuando tú ya no puedes hacer más”.

¿Quién dio la instrucción?

“Fuimos hasta la Contraloría General para pedirle al contralor que investigue, y no solamente que investigue, que inicie un sumario en el interior del Gobierno Regional. Esto es muy importante porque nosotros no tenemos ninguna garantía de que se inició un sumario interno y que no exista una defensa corporativa".

"Aquí estamos hablando de altos mandos del Gobierno Regional, por tanto, son esos altos mandos los que, probablemente, van a tener que definir a un fiscal y los consejeros tenemos la sospecha de que se podría generar una defensa corporativa como la que hemos estado viendo los medios de comunicación. Ustedes ven al presidente Gabriel Boric a nivel nacional defendiendo corporativamente a seremis".

"El CORE también está pasando lo mismo! Vemos y escuchamos a la gobernadora Bravo haciendo defensas corporativas ¡de funcionarios que están nombrados, que están individualizados en una denuncia! Y sin embargo no hemos escuchado a la autoridad del Gobierno Regional decir que, a lo menos, van a iniciar una investigación sumaria, que van a perseguir la responsabilidad o, a lo menos, que diga si ella instruyó o no a sus funcionarios, porque todavía tenemos la duda de si ¿ella instruyó a al señor (Jorge) Fajardo o al señor (Mario) Ramírez para estas negociaciones?¿ o el señor Fajardo y el señor Ramírez las tomaron por iniciativa propia?, porque si fue esto último, ya debieran estar destituidos”.

No es una caza de brujas

“Nosotros no estamos -en esta instancia-, pidiendo la cabeza de nadie, estamos pidiendo información, para que cuando la tengamos, evidentemente, podamos tomar ya acciones respecto de si vamos o no al Ministerio Público. La idea es que una vez que nosotros tengamos acceso a la información, allí vamos a tomar decisiones y vamos a estar en condiciones, probablemente, de hacer algún tipo de afirmación".

"Hoy día yo quiero ser súper enfático, nosotros no estamos buscando una caza de brujas, ni que los quememos la plaza pública, lo que queremos es información, y una vez que la tengamos vamos a volver a conectarnos en el programa y ahí les vamos a contar si, efectivamente, vamos a concurrir o no los tribunales en caso de que se reunieran antecedentes suficientes para determinar que hay eventuales delitos”.

Puesta en escena del gobierno

“La foto del presidente Boric con la gobernadora Bravo muy desafortunada, porque hoy día estamos cuestionando estas relaciones políticas, dejando al margen la responsabilidad de la dirección, en este caso, del Gobierno regional y los vemos al otro día juntos casi que mostrándonos que ellos están unidos y fuertes".

"Claro que están unidos y fuertes, de eso no tenemos dudas. ¡Si claramente aquí hay una fundación muy ligada al gobierno y al presidente Boric! Evidentemente recibió bastante apoyo económico del Gobierno Regional liderado por la gobernadora Cristina Bravos, así que una foto que lo único que viene a hacer es dar cuenta de la estrecha relación (entre ambas partes). Así como se acordó, en algún minuto, que apoyaran a una fundación en particular, también se acordó hacer uso de una puesta en escena con una imagen pública a nuestro juicio bastante burda porque la verdad es que yo sigo insistiendo que las defensas corporativas la hacen muy al prestigio la política, al prestigio las instituciones".

"Aquí se debería defender primero a la institución, sin embargo, aquí vemos un presidente que defiende primero las personas y no la institución y ahí tenemos un grave problema porque nosotros lo que necesitamos en Chile es tener instituciones fuertes, probas y transparentes. Pero aquí hay más agenda y hay más coordinación para mejorar la imagen pública de las personas, pero no de las instituciones”.

La hijastra

“Estamos revisando la lista de la Fundación Semilla que recibió 270 millones de pesos y en esa fundación trabaja una persona, no la quiero nombrar porque igual me da lata meter a la familia, pero desafortunadamente para la gobernadora allí trabaja una persona vinculada muy directamente, muy estrechamente con su familia".

"Ella trabaja en esa fundación por la información que tenemos y que no puedo confirmar, pero que -por lo menos- lo que se cuenta es que ella (la hijastra de la gobernadora Bravo) habría entrado a trabajar dos meses antes de la firma del convenio. En esos dos meses, evidentemente que las conversaciones en el GORE ya estaban andando, porque están estos acuerdos no se hacen de una semana para la otra".

"También allí hay una arista a lo menos sospechosa porque, así como en el caso Urbanismo Social -en que había personas vinculadas familiarmente con los jefes de división-, aquí nos encontramos con Semilla, una fundación que vincula en forma directa a la gobernadora con su hijastra. Yo no quiero decir que la hijastra puede o no trabajar en la fundación, ¡eso no es el problema! ¡El problema es qué tipo de relaciones tiene posteriormente esa fundación con el Gobierno Regional que es dirigido por su madrastra! Entonces, se ponen en tela de juicio y se deslegitima, quizás, una cuestión que podría haber sido interesante”.

¿Liderazgo juvenil?

“Vámonos ahora a lo técnico. El traspaso a la Fundación Semilla era para el fortalecimiento del liderazgo juvenil en la región. No estamos hablando de un producto concreto donde podemos ir inaugurar algo, ¡no! Estamos hablando de proyectos de “Fortalecimiento del liderazgo juvenil” ¡por 270 millones de pesos! Entonces, te das cuenta de que ahí hay una situación bastante extraña por decirlo de menos. Espero que, dentro de la presentación que hemos hecho, la Contraloría también se detenga en esa fundación y en las que sean necesarias”.

No detener proyectos

“No tenemos todavía el listado de los funcionarios de cada uno de los convenios. Hoy día tenemos dos convenios en donde hay familiares cercanos a altos mandos del Gobierno Regional, pero esa información de funcionarios trabajando en la ejecución de esos proyectos, todavía no la tenemos. Yo espero que no nos encontremos con más familiares en esos listados, porque si eso ocurre ya no estaríamos hablando sospechas, estaríamos en condiciones de confirmar una práctica habitual, recurrente y al margen de la ley".

"Esto no se resuelve -como alguien pretende aquí en la región- revocando los convenios porque yo me pregunto, si hace seis meses atrás se toma la decisión de financiar el “Liderazgo juvenil”, el “Juntos y juntas nos sentimos más seguro” y una serie de otras cosas, me imagino que cuando se tomó la decisión de aprobarlos se hizo fundadamente y con la clara convicción de que esos proyectos iban a aportarle algo a la región, que eran importantes y por eso eran prioritarios, incluso más prioritarios que el agua potable, por ejemplo, o más que la propia seguridad, en el caso del “Liderazgo juvenil” ¿Como hoy día, entonces, alguien me explica por qué ahora esas fortalezas y cualidades del proyecto ya no están sobre en la mesa y en pocos minutos se toma la decisión de revocarlos?, estando pagados, porque el caso de Urbanismo Social los recursos fueron transferidos”.

¿Culpable final?

“Si los recursos fueron o no gastados gran culpa tendría el Gobierno Regional porque no permitió que se gastaran, porque todavía no llegaron a acuerdos sobre si contrataban o no a las tres personas, los tres amigos del Gobierno Regional".

"Cuando aquí la autoridad regional dice en los medios de comunicación que este proyecto se revocó, entre otras cosas, porque no ha gastado plata en seis meses, la pregunta es ¿por qué no se gastó plata en seis meses?, ¿y dónde queda entonces, la carta de U. Social que dice en uno de sus puntos que no han podido avanzar en el proyecto porque funcionarios del Gobierno Regional le han dicho que si no hay acuerdo en la contratación de las personas no se puede avanzar en el proyecto?"

"La pregunta es, entonces, ¿de quién es la culpa de que Urbanismo Social no haya gastado un peso en todo este tiempo, de ellos o de las presiones del Gobierno Regional?”.

¿Por qué solo 10 CORE denunciaron?

“No quiero responder por los que no se sumaron, pese que tengo mi clara imagen al respecto. Nosotros invitamos a que se unieran los que quisieran participar, primero en la solicitud a la Unidad de Control interno, en la que sólo firmamos once consejeros. Yo sigo insistiendo en esta errad concepción de la defensa, de la lealtad, estas defensas corporativas en que te dicen ´ustedes están condenando antes de fecha, etc.´".

"Creo que hay un grave error de lectura del resto de los colegas porque no entendieron y lo hemos dicho -una y otra vez-, esto no es una condena. ¡Aquí nos asiste una obligación!, si ni siquiera es una cuestión que tuviéramos que haber discutido. Esta era una acción automática, la de pedir información, y lo dije en la en la sesión ´no puede ser la prensa, no puede ser el programa Manos Libres u otros medios de comunicación, los que tengan que venir a supervisar o a investigar acciones del Gobierno Regional, ¡sino nosotros en primer lugar porque somos los fiscalizadores número uno del Gobierno Regional".

"Esto debió ser un cuerpo colegiado transversalmente apoyando acciones de recopilación de información. Pero claro, toda la bancada oficialista optó por no sumarse a la carta, y en el caso de la Contraloría fuimos diez. Pero déjenme decirles que también hay algunos (que no denunciaron) de nuestra bancada… tienen ahí acuerdos y es una lástima porque no puede ¡nunca sobreponerse sobre nuestro rol cualquier otro tipo de interés! ¡y nuestro rol, primero entre otros entre muchos otros, es fiscalizar, pues! Pero bueno cada uno aquí es libre de actuar y ellos cada uno tendrá que responder por sus acciones”.

De Arica a Magallanes

“Lo dijo denantes alguno de ustedes, no me acuerdo muy bien quién. Esto finalmente va a ser en todo Chile, porque de Arica a Magallanes nos vamos a encontrar con situaciones parecidas. No todas con las mismas características, pero sí, por lo menos vamos a encontrarnos con que muchos Gobiernos Regionales han abusado de esta facultad -malamente diseñada por parte del parlamento- de aprobar recursos inferiores a siete mil UTM y lo han hecho, precisamente, para poder esquivar el control, ya sea técnico o político que pueden ejercer los Consejos Regionales. Esta entrega de tanto poder a una sola autoridad, a una sola persona sin ese control, termina ocurriendo lo que estamos viendo en Chile, muy lamentable”.